Hay al menos tres hechos que hay que recordar para entender esto. En diciembre del año pasado, los trabajadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) paralizaron sus actividades a modo de protesta por las bajas jubilaciones que están recibiendo al haber sido sacados de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), previsión a la que están sujetos los efectivos de las Fuerzas Armadas.
Al estar sujetos –como la mayoría de los chilenos- a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP),ñ os trabajadores de la DGAC obtenían jubilaciones bajas.
El otro hecho es el “jubilazo” de Gendarmería, donde se revelaron pensiones de más de 5 millones de pesos de algunos ex personeros de la institución penitenciaria. Esto fue el puntapié inicial para la actual discusión en materia de jubilación en Chile, que tiene a las AFP en el centro de un fuerte cuestionamiento.
Luego, la Corte de Apelaciones –con un pésimo sentido de oportunidad- aprobó un recurso que ordenó a comienzos de agosto traspasar a mil 331 trabajadores de la DGAC a Capredena.
Este recurso, según publica El Mercurio, fue apelado por el Consejo de Defensa del Estado, con el principal fundamento de que esta sentencia impacta fuertemente el patrimonio fiscal.
Al momento de la paralización de los trabajadores aeroportuarios, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez cifró en cerca de 900 mil millones de pesos el costo para el Estado si se efectuara el exigido traspaso al sistema de pensión de las Fuerzas Armadas.
Este recurso será conocido por la Corte Suprema.
