La Moneda respondió de manera categórica los dichos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, que acusó a Santiago de “injerencia” y de “presiones de la burguesía pinochetista” al abogar por el caso del periodista Braulio Jatar.
A través de una declaración pública, “el Gobierno de Chile no acepta la aseveración de que la preocupación manifestada por la situación de los derechos humanos del Sr. Jatar constituye un supuesto ‘inadmisible injerencismo’ en los asuntos internos de Venezuela. Hoy está suficientemente establecido que la promoción y defensa de los derechos humanos no tiene fronteras, es un asunto de legítima preocupación internacional y, de hecho, constituye una conquista de la comunidad internacional”.
Junto con ello, apunta que lo consignado por Caracas “anticipa juicios en relación a las imputaciones formuladas contra el Sr. Jatar, las que, en un sistema democrático de derecho, sólo pueden ser dirimidas en el marco de un proceso llevado a cabo ante tribunales competentes, independientes e imparciales, debiendo garantizarse al imputado la presunción de inocencia”.
“El Sr. Jatar hace más de una semana no ha tenido la posibilidad de contactarse con su abogado, lo que constituye una vulneración adicional a las normas del debido proceso”, por lo que el Gobierno “persistirá en su exigencia al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que dé cumplimiento a las garantías aplicables a la detención de toda persona, a las cuales el Gobierno de ese país se encuentra obligado en virtud de los tratados internacionales en materia de derechos humanos”.
