“Cuando tienes una corrupción generalizada que además penetra en ciertas instituciones básicas de la democracia como son por ejemplo el Poder Judicial o las Fuerzas Armadas, o las policías, claramente estamos ante una alerta roja”.
De esta manera, el nuevo presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, se refirió a la situación de la PDI y otras instituciones del país cuestionadas en investigadas algunas por eventuales irregularidades.
Respecto de las crisis que han afectado a entidades que con anterioridad contaban con la confianza ciudadana, el máximo representante del CPLT dijo que “aparentemente no teníamos una situación tan plácida como la que nosotros creíamos y es eso lo verdaderamente preocupante”.
“Cuando la situación de corrupción se comienza a extender y comienza a infiltrarse en un sinnúmero de instituciones, eso es precisamente lo que conduce al socavamiento de la democracia. Y eso es lo que nosotros debiésemos estar llamados en último término a cuidar”, añadió.
Sobre la forma de enfrentar esta situación, planteó “una mirada de carácter preventivo”, pero subrayó que las acciones emprendidas anteriormente parecen insuficientes.
Al respecto explicó que “podríamos mirar que ha habido muchas ventanas de oportunidad a lo largo de los últimos veinte años donde hemos hecho acuerdos para mejorar nuestra institucionalidad y luchar en contra de la corrupción y en favor de la transparencia y de la probidad. Sin embargo, creo que nos hemos ido quedando cortos. Las situaciones que se han conocido en el último tiempo hacen echar de menos instituciones más proactivas para dar una lucha más frontal”.
Pese al escenario actual, Jaraquemada defendió las herramientas que permiten develar situaciones como las que se han conocido últimamente: “Creo que la Contraloría realiza una labor extraordinaria investigando este tipo de cuestiones. No solamente en la PDI sino en un sinnúmero de otros organismos públicos y me parece muy loable que a través de su acción, así como también a través de la Ley de Transparencia se haya ido podido ir conociendo de innumerables casos de faltas o irregularidades de carácter administrativo o derechamente de carácter penal”.
SITUACIÓN DE LA PDI Y FISCALÍA
Respecto del caso particular que afecta al director general de la PDI, tras consultas de la prensa, el titular de Transparencia apuntó a que “la gravedad de estas denuncias ciertamente va a haber que ponderarlas a la luz de la investigación que se realice, porque claramente parecen haber urgencias mucho mayores que atender que comprar un vehíhulo de lujo”.
Sin embargo, fue enfático en plantear que es necesario determinar claramente la causal del sobre precio que la institución habría pagado por el automóvil y descartar que “no obedezca a equipamiento de lujo sino a un equipamiento de carácter blindado”, dijo Jaraquemada.
Y además subrayó que “llama la atención que se privilegie la compra de autos tan particulares, en una situación en Chile en que no tenemos terrorismo”, agregando que “no es una buena señal en términos de austeridad”.
En cuanto a la situación del Ministerio Público, Jaraquemada sostuvo: “Después de casi 20 años de reforma procesal penal se están mostrando ciertos vacíos o carencias que han permitido una excesiva autonomía en la regulación interna”.
Finalmente, el presidente del CPLT fue enfático en señalar que se requiere reflexionar sobre “qué elementos regulatorios uno podría incorporar para eliminar este tipo de conflictos internos que no son solamente una expresión actual”, puesto que a su juicio pese a la gravedad de las acusaciones que pesan hoy sobre algunos persecutores con anterioridad se han experimentado filtraciones y otros hechos preocupantes.
