Los accionistas de Nuevo Pudahuel, la concesionaria que maneja el aeropuerto de Santiago, recurrirá al arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) contra el Estado de Chile por las diferencias que mantiene con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) por los efectos de la pandemia de COVID-19.
Los administradores del terminal aéreo habían adelantado que activarían una demanda internacional para extender la concesión, entendiendo los catastróficos efectos que ha tenido la crisis sanitaria en la industria.
Según lo publicado por El Mercurio, las empresas ADP International y Vinci Airports alegaron violación de las obligaciones del país bajo el convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Francia sobre la Promoción y Protección de Inversiones.
Las empresas reclamaron que el Estado debía haber adoptado medidas particulares en beneficio exclusivo de la concesionaria, para aliviar la baja temporal de ingresos que ésta ha sufrido por la disminución del tráfico aéreo y de las actividades comerciales del aeropuerto como consecuencia de la pandemia y de las medidas sanitarias impulsadas por las propias autoridades.
Rodrigo Yáñez, subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, señaló al matutino que “Chile ha actuado con estricto apego al derecho internacional en todas las medidas adoptadas para controlar y mitigar los efectos de la pandemia”.
“Las reclamaciones de ADP y Vinci desvirtúan el serio esfuerzo que ha realizado nuestro país para enfrentar la pandemia por medio de medidas generales que velen siempre por los intereses de la población y de todos los actores de la economía, sin exclusiones, privilegios o discriminaciones”, manifestó.
Las empresas accionistas de Nuevo Pudahuel serán representadas en el arbitraje por el estudio Freshfields Bruckhaus Deringer, que tiene sede en Nueva York.
