Prohibir la obsolescencia programada de aparatos eléctricos y electrónicos es el objetivo principal de la moción parlamentaria aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados.
Para sus fines, la norma, despachada al Senado, modifica la Ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores. Asimismo, enmienda la Ley 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios .
La iniciativa prohíbe la venta y comercialización de todo tipo de aparatos eléctricos y electrónicos cuya funcionalidad haya sido alterada arbitrariamente. De esta manera, se impide acelerar el fin de su vida útil en forma anticipada. Lo anterior, ya sea por su diseño o por medio de actualizaciones posteriores.
La norma considera que los aparatos electrónicos que se comercialicen, luego de la promulgación de esta ley, deberán contar con un índice de reparabilidad. Este último deberá incluir la información básica comercial y ser visible en el envase del mismo producto.
El proyecto de ley, informado a la Sala por el diputado Jorge Brito (RD), prohíbe la obsolescencia programada. Es decir, los proveedores no podrán producir, fabricar, importar, distribuir o comercializar aparatos eléctricos o electrónicos cuya funcionalidad se vea comprometida significativamente por causa de una planificación o programación deliberada. Esto, ya sea que provenga desde su diseño o a través de la modificación posterior del aparato.
La infracción a estas obligaciones se sancionará con una multa de hasta mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM). En caso de conducta reiterada del proveedor, el monto de la misma podrá elevarse de forma proporcional a los beneficios obtenidos producto de la obsolescencia programada.
El reglamento de la normativa deberá ser suscrito por el ministro de Economía. En él se establecerán los requisitos, formalidades del etiquetado y los productos afectos a esta ley. Además, debe incluir, bajo toda circunstancia, lavadoras, smartphones, laptops, refrigeradores y televisores.
Para hacer uso de la garantía legal, el proyecto aumenta de 3 a 18 los meses de plazo para devolver el producto. Ello, siempre que no se hubiese deteriorado por un hecho imputable al consumidor. Si el producto se vendió con una determinada garantía, prevalecerá el plazo por el cual esta se extendió.
