El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, criticó el nivel de cumplimiento del Estado de Chile respecto de las víctimas de violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en octubre de 2019.
“A dos años del inicio de la más grave crisis desde el retorno de la democracia, el Estado de Chile no cumple con sus deberes. El panorama nos resulta desolador”, dijo al presentar un balance de la situación.
De acuerdo con los números dados a conocer por el jefe de la Unidad de Protección de Derechos, Rodrigo Bustos, hay apenas cuatro condenas de agentes del Estado por hechos relacionados con la crisis social. Hace un año, en 2020, el Instituto tenía presentadas 2.917 querellas. Había 52 investigaciones ya en fase de formalización y 111 personas formalizadas.
Sin embargo, un año después de eso, y a tres días de que se cumplan dos años del inicio de la crisis social, las cifras no han evolucionado mucho. Hoy el INDH tiene 3.072 querellas presentadas, 70 de ellas se encuentran formalizadas, 136 imputados formalizados y cuatro condenas. Se trata de datos actualizados al pasado 21 de septiembre. “Hemos avanzado muy poco, menos de un 1% de las denuncias que entró al sistema penal tiene una formalización”, dijo.
Al respecto el director del INDH recordó que “3.400 víctimas confiaron en nosotros, pero según las cifras de la Fiscalía las víctimas son 8 mil. Estamos conscientes de que mucha gente presentó querellas a través de otras instituciones o a nivel personal o simplemente hizo la denuncia y no quiso presentar la querella. No querían seguir recordando lo que vivieron. Otras no se atrevieron, simplemente, a presentar la denuncia. Hemos estado en 3.000 casos y en sólo cuatro de ellas se dictó una sentencia definitiva condenatoria. Las cifras son devastadoras”, dijo Sergio Micco.
En cuanto al seguimiento de los casos de las víctimas, según mostró en el balance Rodrigo Bustos, hace un año, se habían aplicado 175 protocolos de Estambul a personas afectadas por los casos más graves de tortura y tratos inhumanos y degradantes. Además, 430 ya habían declarado ante la PDI y 491 ante la Fiscalía. Ahora, en 2021, las cifras mostraron que a 218 se les aplicó el protocolo de Estambul, 533 declararon ante la PDI y 842 ante la Fiscalía.
