La Contraloría General de la República (CGR) informó que inició una auditoría que incluye a 733 instituciones estatales, con el propósito de revisar los procesos de recuperación de subsidios por licencias médicas debido a incapacidad laboral adeudados por Isapres y Fonasa.
La medida es coordinada con las Unidades de Auditoría Interna de entidades del sector público y municipal, y también considera examinar el reintegro que deben hacer los funcionarios cuando sus licencias médicas fueron rechazadas.
De acuerdo con lo detallado por el órgano fiscalizador, 173 de las instituciones analizadas pertenecen al sector salud y 33 a educación. Otras 26 corresponden a las Fuerzas Armadas, las policías y Gendarmería; 24 más a educación superior; dos a empresas del Estado; 143 a otras entidades públicas, y 332 a las municipalidades.
Qué más de las licencias médicas verá la Contraloría
A la vez, la Contraloría confirmó que la auditoría, que se inició a principios de este mes, examinará también los plazos de presentación de las licencias médicas por parte de los beneficiarios, y las acciones realizadas por los servicios para cobrar dichos montos.
“Esto incluye las entidades de salud previsional, como a los funcionarios que no cumplieron el reposo de salud, cuyas licencias fueron rechazadas y debían reintegrar los días no trabajados“, indicó el organismo.
La CGR indicó a la vez que espera que los resultados de esta auditoría coordinada se concreten en un plazo aproximado de tres meses.
Tras la alerta de irregularidades por parte de la Contraloría, se ordenaron sumarios que incluyen a ministerios, municipios, Carabineros, Fuerzas Armadas, entre otros servicios e instituciones.
