El Partido Socialista ya definió su posición: vota en contra de la idea de legislar el proyecto de reconstrucción del Gobierno de José Antonio Kast. Carlos Ominami —economista, ex ministro de Economía de Patricio Aylwin y ex senador por dos períodos— explica el por qué. En conversación con EL DÍNAMO, el dirigente histórico de la centroizquierda apunta al corazón de la llamada “ley miscelánea” cuestionando la baja al impuesto corporativo del 27% al 23%, la reintegración del sistema tributario y la repatriación de capitales. Esa combinación de propuestas, a juicio de Ominami, no serían una política de reconstrucción, sino un proyecto ideológico que “agravará las desigualdades” y pondrá en riesgo la clasificación de riesgo soberana del país.
— El Partido Socialista discutió en su Comité Central el proyecto de reconstrucción del Gobierno. ¿Cuál es la conclusión?
— La conclusión unánime es que no hay ninguna condición para votar favorablemente la idea de legislar. Este es un proyecto de reforma tributaria envuelto en una especie de papel celofán con el tema de la reconstrucción. Pero la esencia es tributaria, y diría más: es un proyecto con mucho de refundacional. Lo que hay detrás es la idea de un Estado más restringido en su capacidad de protección social, por lo que diría que es un proyecto súper ideológico.
Desde ese punto de vista, no hay condición para pensar en algo distinto que rechazarlo, sabiendo que probablemente el Gobierno lo va a poder aprobar con el arreglo que hizo con el Partido de la Gente.
— ¿Cuál es el principal riesgo político que ve en la reforma?
— Avalar esta reforma tributaria se traduciría en agravar las desigualdades que ya son importantes en nuestro país.
— ¿Y desde el punto de vista técnico?
— Creo que el Gobierno está tomando un riesgo fuerte con la situación fiscal. La única certeza que uno tiene de este proycto es que disminuye la recaudación. En la medida en que se rebaje el impuesto corporativo, en la medida en que se haga este subsidio al empleo de 1.500 millones de dólares, eso va a tener una repercusión directa y totalmente cierta en la disminución de los ingresos.
La posibilidad de compensar esa rebaja por la vía del gasto es más incierta, porque va a encontrar todas las resistencias que genera. El Ministerio de Hacienda ya mostró sus cartas: dijo que les gustaría finalmente eliminar 142 proyectos —al punto que sumaron cuánto significaba cada uno—, lo que les daría 6.000 millones de dólares. Pero ahí estamos en una contradicción total con lo que declaró el presidente en campaña.
— Bloomberg y el FMI ya han encendido luces de alarma al respecto.
— Exactamente. El FMI ya le puso una suerte de tarjeta amarilla. Y yo creo que están jugando con fuego. Para este Gobierno sería muy delicado que, en algunos meses más, se debilitara la clasificación de riesgo.
— ¿Ese es uno de los principales riesgos que corre el Gobierno con esta reforma?
— Desde el punto de vista de lo que a ellos les interesa, sí. Si el objetivo es retomar el crecimiento y atraer inversiones, y disminuye la clasificación de riesgo y aumenta la tasa de interés, eso simplemente no ocurre. Para evitarlo van a tener que aplicar la motosierra.
— ¿Como la de Milei?
— No tanto como la de Milei; no tenemos la misma situación. Pero tome nota: desde el punto de vista macroeconómico, el Gobierno heredó —antes de la crisis— una tasa de crecimiento que podía estar tirando hacia el 3% y una inflación tirando por debajo del 4%. Hoy lo que tenemos es una inflación que va a estar por sobre el 4% y una tasa de crecimiento que va a estar por debajo del 2%.
— Usted usó la palabra “refundacional” para describir este proyecto. ¿Qué aspectos de la reforma sustentan esa afirmación?
— Es refundacional en el sentido de que busca desmontar una parte significativa de la política de protección social. Han salido informaciones sobre un recorte importante a la red de programas sociales —que ha sido el gran esfuerzo de los últimos gobiernos en materia de protección— y también está esta idea de que sea el mercado el que funcione. Es una tendencia fuerte a achicar el tamaño del Estado. Eso fue lo que animó toda la política del gasolinazo, y creo que tuvo efectos macroeconómicos bastante negativos.
— Entrando en lo técnico: la rebaja del impuesto corporativo junto a la reintegración del sistema tributario son las dos grandes matrices de la reforma. ¿No es deseable que Chile llegue al promedio de la OCDE, que está en torno al 23-24%?
— En un país con un nivel tan alto de desigualdad, esa medida genera mucha resistencia. Ahora, a mí me parecía que podría haber un cierto margen: la propuesta que había circulado en el gobierno anterior era rebajar de 27% a 25%. Pero hay que ser rigurosos en algo: cuando uno hace la comparación con la OCDE, la media incorpora cosas muy distintas. Para los países que tienen sistemas integrados, la media está en torno al 28%. Las situaciones son bastante distintas. Y además, si uno va a tomar el criterio OCDE, que tome también el criterio de recaudación: la media de recaudación en los países de la OCDE está por sobre el 30%.
— El Gobierno se ha puesto como gran meta llegar al final del mandato con un crecimiento en torno al 4%. ¿Lo ve posible mediante las fórmulas que se presentan?
— No lo veo posible porque creo que tienen un mal diagnóstico. Acá lo que se dice es que tenemos un problema tributario, y eso no es efectivo. El principal problema que tiene Chile tiene que ver con que la estructura productiva, y particularmente el desarrollo exportador, hoy está muy estancado. El promedio de crecimiento de las exportaciones durante los últimos diez años está por debajo del 1%, y las exportaciones siempre fueron el motor del desarrollo.
En la visión del Gobierno, eso se resuelve con piloto automático: Estado más chico, condiciones más favorables para el mundo empresarial y las cosas salen solas. Yo creo que eso no ocurre así. Cuando dicen crecer al 4%, simplemente es un wishful thinking. Comparto el objetivo, pero no creo que se estén haciendo las cosas en la dirección correcta.
— ¿Y la meta de bajar el desempleo al 6,5%?
— La comparto como objetivo. Pero hay que hablar con más seriedad de cuánto de esto tiene que ver con la caída del crecimiento y cuánto con efectos más indirectos: los cambios tecnológicos, la sustitución de mano de obra por inteligencia artificial. Eso no está bien medido en el proyecto, pero probablemente también hay un efecto por ese lado. Y eso lo hace más difícil de bajar.
— Y desde la perspectiva progresista, ¿qué propone la centro izquierda para volver a la senda del crecimiento?
— Estoy completamente de acuerdo en que el crecimiento debe ser la principal preocupación. Hemos organizado actividades con economistas que han planteado propuestas alternativas y hay un diagnóstico común: hay que volver a crecer, y para eso hay que hacer muchas cosas, incluyendo modificaciones tributarias y nuevos incentivos.
Yo creo particularmente que hay que incentivar el desarrollo exportador. Tenemos una dotación de cobre, litio y metales críticos que nos puede dar una especie de nueva oportunidad de industrialización. Pero eso no se hace con piloto automático: funciona sobre la base de una estrategia, de un diseño, y de una colaboración público-privada mucho más dinámica.
— ¿Y esas propuestas no se debieron haber transmitido al Gobierno?
— Por eso creo que este Gobierno se equivocó. Teniendo además una crisis internacional fuerte, pudo haber creado las condiciones para algún tipo de acuerdo básico más amplio con la oposición. Había un sector de la oposición que estaba disponible para eso. Pero la forma en que las cosas han pasado hace totalmente imposible votar a favor de la idea de legislar, y se han roto los puentes que se pudieron haber construido.
Lo que lamento es que sigamos en esta lógica de las oposiciones destructivas, donde no somos capaces de generar puntos mínimos de acuerdo. Porque eso conspira contra cualquier posibilidad de que este país se desarrolle.
