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Contraloría detecta viajes sin justificación por más de $100 millones en el GORE Bío Bío

El organismo fiscalizador cuestionó viajes nacionales e internacionales realizados entre 2022 y 2024 y ordenó gestionar la restitución de los recursos observados.

La Contraloría General de la República detectó irregularidades por más de $100 millones en viajes por comisiones de servicio realizados por autoridades, funcionarios y consejeros regionales del Gobierno Regional (GORE) del Bío Bío entre 2022 y 2024, por lo que formuló reparos y ordenó gestionar la restitución de los recursos observados.

Según el Informe Final de Investigación Especial N° 169 de 2026, el organismo fiscalizador cuestionó desembolsos por $100.436.919, debido a incumplimientos normativos y gastos cuya necesidad institucional no fue debidamente acreditada.

Además, identificó otros $98.627.794 respecto de los cuales el GORE deberá presentar antecedentes que demuestren los resultados o beneficios obtenidos para la institución.

Entre los principales hallazgos, Contraloría advirtió que se autorizaron viajes al extranjero de funcionarios junto al entonces gobernador regional, Rodrigo Díaz, sin habilitación legal expresa ni las autorizaciones excepcionales exigidas. Asimismo, detectó comisiones de servicio dentro y fuera del país sin justificación suficiente, actividades que no se realizaron y participación de funcionarios y terceros sin respaldo adecuado.

El informe también reveló falencias en la compra de pasajes aéreos nacionales e internacionales, como adquisiciones sin la anticipación requerida, órdenes de compra emitidas tardíamente e incumplimientos de las bases de licitación. A esto se sumó el cuestionamiento a un viaje de una funcionaria a Estados Unidos, cuya relación con las funciones de su cargo y su interés público no fueron suficientemente acreditados.

Frente a estas observaciones, Contraloría instruyó al Gobierno Regional reforzar sus controles internos y adoptar medidas para gestionar el reintegro de los recursos cuestionados, además de ejercer eventuales acciones administrativas o judiciales si corresponde.

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