El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, compareció ante la Comisión de DDHH del Senado, donde se mostró en contra del proyecto que concede indulto general por razones humanitarias, en el marco del estallido social de octubre de 2019.
Abbott enfatizó su desacuerdo con la propuesta y argumentó que “el Consejo del Ministerio Público, el 14 de diciembre, estimó necesario hacer presente que este proyecto podría constituir una gravísima señal para la convivencia social. El indultar o aplicar la ley de amnistía a la comisión de ilícitos tan graves como los que contempla, nos parece un precedente extraordinariamente grave, no solo para el presente, sino que también para el futuro”.
“Además -prosiguió el Fiscal Nacional- se agravia a todo el sistema. El Ministerio Público estima que este es un proyecto absolutamente inadecuado y normaliza la situación de violencia”.
Rolando Melo, de la División de Estudios Fiscalía Nacional, precisó que desde el 18 de octubre del 2019 al 30 de noviembre del 2020, contabiliza 38.247 casos, en donde destacan los ingresos de las fiscalías metropolitanas. Con respecto a las causas terminadas, indicó que los casos vigentes son 13.154, los casos terminados son 25.273, lo que lleva a un 34% de casos vigentes.
Sin embargo, a juicio del Defensor Nacional (s), Marco Montero, el proyecto pone el acento en un aspecto relevante: “el uso desproporcionado que hoy se le da a la prisión preventiva, que pasó de ser una medida excepcional a una de aplicación automática general”.
En este sentido se refirió a la sobre población de las cárceles, “el 2007 el 22% de la población privada de libertad correspondía a prisión preventiva y al día de hoy, vemos que ese porcentaje se ha incrementado a un 36% (…) Y un porcentaje muy amplio quedan absueltas o las condenadas no son privativas de libertad”.
En este escenario preguntó “¿cuán justificado es que una persona esté privada de libertad como medida cautelar?” y llamó a una “revisión seria y responsable de estas medidas”.
