Tras un Procedimiento Voluntario Colectivo del SERNAC, las compañías aseguradoras BCI Seguros Generales, Liberty Seguros y Seguros Generales Suramericana S.A. (SURA) compensarán a 6.981 consumidores que fueron afectados por la demora excesiva en la reparación de los vehículos afectados por siniestros de pérdida parcial ocurridos durante el año 2019 y marzo del 2020.
Se trata de un universo total de 6.981 consumidores que serán compensados con diferentes montos de acuerdo a las circunstancias y períodos de espera, lo que implica un desembolso para las tres compañías de 692 millones de pesos.
El director nacional del Sernac, Lucas Del Villar, valoró el resultado de este proceso pues los consumidores serán compensados sin tener que esperar los años que demora un juicio y, además, “las empresas al estar dispuestas a participar de estos procesos demuestran voluntad de mejorar en beneficio de sus clientes y se comprometen a tomar medidas para que no vuelva a ocurrir, y eso hace la diferencia con quienes prefieren no reconocer y dilatar procesos en tribunales”.
El acuerdo beneficia a 3.231 asegurados de BCI Seguros generales, quienes recibirán un monto total de 358 millones de pesos. En el caso de Liberty, son 2.360 personas, quienes recibirán un monto de $219 millones; y el acuerdo con Sura beneficia a 1.390 asegurados, quienes recibirán $114 millones.
El Sernac detectó, a través de una investigación al mercado de seguros, que estas cuatro empresas aseguradoras presentaban una excesiva demora en la reparación de los vehículos siniestrados; además de no informar adecuadamente el plazo estimado de reparación y omitir algunas menciones que exige la ley, causando una serie de perjuicios a los consumidores.
No obstante, HDI Seguros no estuvo dispuesta a reconocer el problema ni a buscar una solución oportuna para los consumidores, por lo que el SERNAC la demandó colectivamente en febrero de este año 2021, acción judicial que sigue en tramitación en los tribunales de justicia. La empresa arriesga multas de hasta 1.200 UTM, esto es, alrededor de 65 millones de pesos, por cada infracción, además de las indemnizaciones que determine el tribunal, las que pueden incluir el daño moral.