Contraloría no advierte irregularidades en gastos ni en campaña del plebiscito en primer avance de investigación sobre Segegob

En una minuta de 15 páginas, la Contraloría General de la República envió a la Cámara de Diputados y a la ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo el informe que comunica el primer avance de la investigación efectuada en la Subsecretaría de la cartera relativa al uso de recursos públicos asociado a la campaña comunicacional “Chile Vota Informado”, relacionada con el plebiscito constitucional.

En un “primer informe” respecto a la campaña “Chile vota informado”, realizada por el Gobierno en el marco del plebiscito, la Contraloría no halló anomalías en las contrataciones de servicios de publicidad que realizó la Segegob -que encabeza por la ministra Camila Vallejo-, y señala que “la cartera se ajustó a la Ley N° 19.886 y al decreto N° 250”.

Un equipo de la Contraloría dirigido por la jefa del departamento de auditorías especiales, María Regina Ramírez, se había instalado en dependencias del edificio hace casi un mes, para indagar eventuales irregularidades denunciados por un grupo de diputados del Partido Republicano sobre la secretaría de Estado.

Abogados vinculados al caso, aseguran que el objetivo del equipo fiscalizador era tener un pre informe de la investigación especial antes del plebiscito. Sin embargo la entidad finalmente optó por entregar un avance sobre su trabajo.

La indagación se centró en tres áreas: un plan de medios para la campaña, la realización de la campaña audiovisual y el posterior aumento de contrato para este último ítem.

El organismo explica que el ministerio de Camila Vallejo se encuentra facultado para actuar como el órgano de comunicación del Gobierno. En ese sentido, asegura que “las licitaciones enunciadas se enmarcan dentro de las acciones necesarias para dar cumplimiento a dicho objetivo”.

El avance de la investigación establece que no hay irregularidades en el servicio, que éste está facultado para actuar como el órgano de comunicaciones del gobierno, y que la jefa del servicio, subsecretaria Valeska Naranjo, según el ente fiscalizador, no ”advierte irregularidades al respecto”.

De acuerdo la Segegob, el monto destinado a esta campaña asciende a $1.242.617.558. Sin embargo, posteriormente se aumentó a $1.317.242.696.

La trastienda que se vivía en La Moneda a la espera de un preinforme.

“CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA. DEPARTAMENTO DE AUDITORIA ESPECIAL. DAE. La Jefa del Departamento de Auditorías Especiales que suscribe, comunica a Ud. que en el marco de la Fiscalización de este Organismo de Control, con esta fecha, se dará inicio a una investigación especial (…) Para tal cometido, se ha designado a los Funcionarios (…)”.

Así comienza un oficio enviado el 26 de julio pasado a la Secretaría General de Gobierno. “Quien suscribe” era la jefa del Departamento de Auditorías Especiales, María Regina Ramírez.  En La Moneda señalan que esta es la indagatoria más compleja para el oficialismo de las tres examinadas, junto con la del ministro de Segpres, Giorgio Jackson, y una de Presidencia.

Al día siguiente, el contralor general Jorge Bermúdez anunció que su organismo abriría una investigación especial  en el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno (Segegob). Horas después, María Regina Ramírez, volvió a comunicarse con La Moneda, para concretar una entrevista con la jefa del servicio, la subsecretaria Valeska Naranjo.

Cercanos al órgano contralor, explican que por los tiempos y la cantidad de documentos, para indagar, era muy difícil que la investigación final de la Contraloría estuviera lista antes del plebiscito, por lo que de definió entregar a las partes “un primer informe sin observaciones”.

“La investigación especial, si bien se está haciendo con la mayor celeridad posible, puede tomar varias semanas, incluso un par de meses. De hecho usualmente demoran en promedio seis meses” señaló un abogado de la entidad fiscalizadora a EL DÍNAMO.

La investigación que más inquietaba a La Moneda

De las cuatro presentaciones efectuadas a la Contraloría, para indagar la actuación sobre prescindencia y gastos presupuestarios del Gobierno (una contra el presidente Gabriel Boric, el ya realizado sobre el titular de la Segpres, Giorgio Jackson, otra sobre la ministra María Begoña Yarza), la investigación especial sobre la actuación de Segegob es la que más inquietaba a La Moneda.

Por ello, el primer informe evacuado fue recibido como un alivio en La Moneda, en una semana marcada por su mayor crisis política tras la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega (PPD) tras sus contactos con el líder de la CAM, Héctor Llaitul. 

Esta semana el tema fue abordado en el comité político ampliado de La Moneda. En la cita, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, y su par del Frente Regionalista Verde Social (FREVS), Flavia Torrealba, consultaron por la presentación.

Las jefas de partido manifestaron que funcionarios de diversas reparticiones públicas, militantes de sus colectividades, tenían temor de hacer campaña fuera de sus horarios laborales por cierto exceso de celo en la labor de la Contraloría.

Según testigos, el ministro de la Segpres expresó que la estrategia del Gobierno era evitar ante la opinión pública cualquier declaración que se interpretara como muestra de presión sobre el ente fiscalizador o aparecer cuestionando a Bermúdez, quien deja el cargo a fines de 2023. Sin embargo, explican algunos asistentes, Jackson no profundizó en el punto, pero mostró preocupación 

En Palacio explican que la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se encontraba tranquila y esperaba información del ente fiscalizador durante la próxima semana. Según afirman en el PC, se sabía que tendría “respaldos de todo en regla, recibió el apoyo del partido y no habría en ningún caso un juicio de cuentas”.

A ello se agrega que, de acuerdo a fuentes ligadas a la Contraloría, de haber alguna irregularidad, el responsable es el jefe del servicio, es decir, la subsecretaria Valeska Naranjo.  

“Cuando hay una investigación así, el jefe de servicio es el responsable, por lo que ese peso no recae en los ministros sino en el subsecretario de cada cartera.”, señaló un abogado de la entidad fiscalizadora a EL DÍNAMO.

Denuncias de presiones de la derecha sobre Bermúdez

Mientras en el oficialismo se estaba en compás de espera de un primer informe, sectores de Apruebo Dignidad y del Socialismo Democrático evaluaban que el contralor Bermúdez comenzaba a actuar con “un exceso de celo” contra el gobierno del presidente Gabriel Boric en este proceso eleccionario.
Diversos dirigentes  apuntaban a que el contralor Bermúdez había sucumbido a las presiones de la derecha en las indagaciones a los servicios.

Por ejemplo, el ex ministro de la Segpres, Jorge Insulza, y miembro de la comisión política del PPD, señaló a EL DINAMO que Bermúdez había exhibido una actitud agresiva y que por presiones se ve obligado a demostrar su independencia del Gobierno.

“Mi impresión es que, como el contralor enarboló y defendió la tesis de establecer los Decretos con Fuerza de Ley Adecuatorios para implementar la nueva Constitución, y fue muy criticado por eso, ahora se sintió obligado a demostrar su autonomía del Gobierno”, afirma Insunza.

Y agregó: “La agresividad de algunos de sus gestos, como instalar un equipo en La Moneda o sostener que el ministro Jackson no podía hacer política con sus partidos, son señas de ese complejo frente a las críticas de la derecha”.

Por su parte del diputado socialista Tomás de Rementería considera que el contralor ha tomado decisiones que van más allá de lo que debería.

“Bermúdez ha puesto un contexto público de duda sobre cómo se gobierna, creo que la Contraloría ha tomado decisiones que va más allá de lo que debería ser. Un contralor no funciona bajo presiones, pero la derecha ha hecho una persecución y el gobierno tiene que acatar los dictámenes, obviamente la derecha está en una campaña de desinformación para que la gente pueda votar informada sin fake news”, sostiene el legislador del PS

Asimismo, la presidenta del FREVS, Flavia Torrealba, dice que le inquieta que el contralor este yendo más allá de sus funciones: “ (…) Me preocupa que por este exceso de celo que se empeña en mostrar, esté conculcando derechos sociales y políticos que han sido tan dolorosamente conquistados. Eso es muy delicado especialmente para un órgano del Estado. Los funcionarios públicos tienen la obligación de observar estrictamente la probidad administrativa y jamás usar recursos del estado o los bienes comunes pero siguen teniendo derechos una vez que su labor diaria ha terminado”.