Caso Democracia Viva: proponen quitar ciudadanía a funcionarios públicos corruptos
El diputado republicano Mauricio Ojeda busca endurecer las sanciones en la administración pública tras revelarse el caso de Democracia Viva.
Por Juan Pablo Ernst
La única forma en que los condenados por corrupción pueden eludir esta sanción es a través de "la rehabilitación del Senado de la República", dijo Ojeda. AGENCIA UNO/ARCHIVO.
Un proyecto de reforma constitucional, a través del cual se castigaría con la pérdida de la ciudadanía a los funcionarios público que incurran en delitos de corrupción, presentó el diputado del Partido Republicano, Mauricio Ojeda.
De acuerdo con lo indicado por el parlamentario, la iniciativa busca endurecer las sanciones a quienes se desempeñan en la administración pública tras conocerse el caso de los convenios suscritos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva.
Según lo aseverado por el Ojeda, la propuesta pretende que los funcionarios públicos que caigan en ese tipo de practicas “pierdan la ciudadanía”, lo que implicaría que no podrían votar ni volver a trabajar el resto de su vida en la administración pública.
Qué dice el Artículo 17
El legislador indicó que su proyecto de reforma constitucional busca modificar el numeral 3º del Artículo 17 de la Constitución Política de la República.
Allí, se sanciona con la pérdida de la ciudadanía a quienes reciban “condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieren merecido, además, pena aflictiva“.
Mauricio Ojeda sostuvo que su propuesta busca que en dicho artículo “se intercale entre las frases como conducta terrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes, la oración los cometidos por autoridades o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones“.
“Es realmente indignante que personas se atrevan a robar el dinero de todos los chilenos”, sostuvo el diputado republicano.
“Es por esto que vamos a presentar esta reforma constitucional, para que aquellos que estén envueltos en delitos de corrupción no solamente no puedan nunca más trabajar en un servicio público, sino que pierdan su condición de ciudadano; vale decir, que no puedan votar, ni tampoco optar a un cargo de elección popular”, recalcó el parlamentario por el Distrito 23, de la Región de La Araucanía.
“Es lo mínimo de moralidad para cualquier persona que ejerce el servicio público“, planteó.
Según el documento elaborado por Mauricio Ojeda, la única forma en que los condenados por corrupción pueden eludir esta sanción es a través de “la rehabilitación del Senado de la República“.
