El millonario acuerdo al que llegó la fundación Democracia Viva con el seremi de Vivienda de Antofagasta por 426 millones de pesos sigue pesándole a Catalina Pérez. La diputada de Revolución Democrática (RD) estuvo con licencia médica después de que se destapara el Caso Convenios y de regreso en sus funciones la abogada que representa al partido en la querella por esta polémica se distanció de ella.
Mientras sigue vigente su suspensión de la colectividad y se conoció de una visita al Palacio de La Moneda durante este jueves, la jurista de la colectividad del Frente Amplio, Libertad Triviño, confirmó que la parlamentaria “está en calidad de imputada” en este proceso que forma parte de las 32 investigaciones que tiene abiertas la fiscalía buscando establecer si existe fraude al fisco y corrupción.
Pérez, ex pareja del representante legal de esta ONG, Daniel Andrade, regresó hace unos días al Congreso Nacional, sin embargo, esta situación no la ha liberado de estar bajo la mira de las autoridades y de los políticos del oficialismo y oposición.
u0022En cuanto a las diligencias, le solicitamos al fiscal la incautación de las cuentas corrientes de la señora Catalina Pérez, del señor (Carlos) Contreras y del señor (Daniel) Andrade”, sostuvo Triviño en La Segunda.
“Ella sí fue sancionada por Revolución Democrática porque, efectivamente, el partido considera que vulneró la probidad. Uno esperaría que ella hubiera tenido una actitud mucho más colaboradora, mucho más proactiva. Debió haber visto que había, al menos, una incompatibilidad ética”, complementó la abogada.
Hubo mentiras del seremi y Andrade
Carlos Contreras, el seremi en cuestión, y Daniel Andrade, el líder de la ONG Democracia Viva, fueron expulsados de RD después de ser sometidos al Tribunal Supremo del partido. En ese trámite, según la abogada Triviño, estas personas habrían faltado a la verdad.
“Lo que más le llamó la atención a la directiva es que sus explicaciones eran confusas, estaban enredados, por decirlo de alguna manera. El señor Carlos Contreras estaba nervioso“, confidenció la jurista.
Pero no fue lo único, Triviño asegura que ambos mintieron al ser consultados por el tiempo en que la fundación estaba operando, donde respondieron que llevaba dos años. “Eso es falso. Pero eso en ese minuto la directiva no lo supo”, dijo.
