La bancada de diputados de la UDI emitió un comunicado en el que manifestó su rechazo a la propuesta del Gobierno de incluir una norma de “amarre” en el proyecto de ley de reajuste del sector público, haciendo un llamado directo al Socialismo Democrático (SD) y advirtiendo que podrían recurrir a acciones legales y constitucionales para frenar su implementación.
Según los parlamentarios, la medida promovida por el Ejecutivo constituye una conducta “impropia, deshonesta e irresponsable”, al intentar incorporar una disposición que, a su juicio, “vulnera los principios de mérito, probidad y profesionalismo que deben guiar la función pública”.
El comunicado sostiene que la iniciativa perjudica gravemente a los funcionarios de carrera, quienes son clave para el funcionamiento del Estado, y además abre la puerta a la creación de una “planta paralela” integrada únicamente por operadores políticos y activistas afines al Gobierno.
La bancada UDI también advirtió que la norma favorece la judicialización, debilita las atribuciones de la Contraloría General de la República e ignora decisiones previas de la Corte Suprema, lo que afecta la institucionalidad, la transparencia y el buen uso de los recursos públicos.
Uno de los puntos centrales del comunicado es el llamado a los partidos con representación en el Congreso, especialmente al Socialismo Democrático, instándolos a actuar con responsabilidad y coherencia. Para la UDI, respaldar la norma significaría aprobar una medida contraria al interés general, diseñada solo para beneficiar a personas con fines ideológicos.
Los diputados también señalaron que este tipo de iniciativas refuerza prácticas que han sido un lastre para el Estado, privilegiando conexiones, cercanía política y mediocridad, en lugar de mérito, excelencia y servicio al país.
Finalmente, la bancada recalcó que no descarta utilizar todos los recursos legales y constitucionales disponibles para impedir la aplicación de la norma, advirtiendo que su implementación podría convertir al aparato público en una agencia de empleo al servicio del Gobierno, en lugar de los intereses generales del país.
