Alvaro Elizalde, ex ministro del Interior del gobierno de Gabriel Boric, rechazó la postura expresada por Fernando Rabat, ministro de Justicia, para justificar la rebaja de condenas, por vía administrativa, a 56 violadores y abusadores de niños y a tres criminales de lesa humanidad.
En entrevista con La Tercera, Elizalde apuntó directamente a la figura de José Antonio Kast: “Kast en su campaña prometió mano dura contra la delincuencia y hoy su gobierno libera a pedófilos y violadores de derechos humanos”.
“¿Al Gobierno le importan realmente los niños? Los mismos que le niegan los computadores a los escolares, le rebajan las condenas a los pedófilos”, agregó Alvaro Elizalde.
Respecto a los argumentos esgrimidos por el ministro Fernando Rabat para defender la entrega del beneficio a violadores y abusadores de niños, Elizalde fue tajante al precisar que “Rabat está tratando de sacarse los pillos, pero los hechos son claros: firmó decretos para liberar anticipadamente a pederastas condenados por la justicia. No basta con invocar una supuesta jurisprudencia para justificar las decisiones administrativas que son de su exclusiva responsabilidad, tal como afirmó la presidenta de la Corte Suprema”.
“La supuesta jurisprudencia uniforme que invoca Rabat no es tal. Hay fallos en distintos sentidos, por lo que no se puede sostener que exista un criterio judicial único e inequívoco que obligue a conceder estos beneficios. Y, en cualquier caso, había que dar la batalla, defendiendo la aplicación de la ley que excluye a los pederastas de la rebaja de condenas desde febrero de 2022”, detalló el ex ministro del Interior.
En esta línea, Elizalde precisó que “la reforma legal de ese año estableció expresamente la exclusión de determinados condenados de este beneficio y, por ello, correspondía actuar con especial rigurosidad al resolver estas solicitudes”.
“Los pedófilos no deben acceder a ningún tipo de beneficio en el cumplimiento de sus condenas. Así lo dice claramente la ley (…) Rabat no estaba obligado a conceder estos beneficios. Una cosa es cumplir una sentencia judicial dictada en un caso concreto y otra muy distinta es extender su criterio a terceros mediante actos administrativos y olvidando el efecto relativo de las sentencias”, puntualizó el militante PS.
