El ministro de Justicia, Fernando Rabat, anunció una serie de medidas que adoptó el Gobierno luego de que estallara la crisis por las 56 rebajas de condenas que se otorgaron a personas que cometieron delitos sexuales como abusos de menores y violaciones.
Lo ocurrido no solo provocó una ola de críticas por parte de la oposición, sino que también desde el propio oficialismo. Incluso desde la Corte Suprema descartaron su responsabilidad en la entrega de este beneficio.
Ante el complejo escenario, Rabat indicó que “lo que haremos ahora es abordar este problema, promoviendo y dando urgencia a una serie de proyectos de ley para impedir que se sigan otorgando estos beneficios a personas condenadas antes del año 2022″.
A eso se sumará que “vamos a dejar suspendida la tramitación de estos decretos, porque con la discusión inmediata de las iniciativas podremos zanjar esta situación en un breve tiempo y darle tranquilidad a la ciudadanía”.
Estos proyectos en el Congreso, además, contarán con urgencia legislativa. Entre ellos se encuentra la modificación al procedimiento para obtener el beneficio de reducción de condena por conducta intachable, las causales que excluyen de este beneficio, una regla de temporalidad que zanje la discusión entorno a qué requisitos serán exigibles y las normas que garanticen el derecho a ser odia por parte de la víctima. También se incluirán indicaciones e iniciativas legislativas destinadas a restringir estos beneficios.
Tras la polémica por las rebajas de condenas, desde el Gobierno impulsarán el proyecto que crea los Tribunales de Ejecución de Penas y que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.
Dicha iniciativa contempla un procedimiento especial para que las solicitudes del beneficio contemplado en la Ley N° 19.856, libertad condicional y los demás beneficios penitenciarios para que estos sean conocidas y resueltas por jueces.
