La medida apunta a la suspensión de los derechos políticos y económicos de las 45.212.888 acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York representativas del 11,5 % del paquete accionarial que Repsol ofertó en ese mercado en marzo de 2011.
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Sobre el mismo tema, el ex presidente Frei sostuvo que el tema de YPF significará "una baja grande de las inversiones desde EE.UU. y Europa en los próximos años"
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En este sentido agregó que "aunque la Presidenta Fernández está siendo arrastrada por el populismo y las medidas añejas que impulsa el Presidente Hugo Chávez, las afirmaciones del diario estadounidense me parecen un arrebato que no se ajusta a la seriedad de la política internacional".
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"No haremos ningún planteamiento" a la Organización Mundial del Comercio (OMC), apuntó Fernández tras indicar que Argentina está en condiciones de absorber con su consumo las 400.000 toneladas anuales de biodiésel que coloca en el mercado español.
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La resolución "deplora la decisión tomada por el Argentina, sin tener en cuenta una solución negociada, de proceder a la expropiación de parte de las acciones de una compañía europea, ya que representa una decisión unilateral y arbitraria".
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La protesta comenzó en el puerto de la capital argentina, el principal del país, y posteriormente se plegaron a la medida trabajadores de las terminales de Zárate, Campana y Bahía Blanca, todas ellas de la provincia de Buenos Aires, y de Rosario, en el distrito de Santa Fe.
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"Sería lamentable que EE.UU o España actúen de esta forma (con represalias)" porque Argentina tomó una decisión "de acuerdo a la ley y a las pautas que establece la Constitución Nacional", dijo el ministro del Interior, Florencio Randazzo.
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"Los argentinos estamos cambiando una historia que muchas veces no quisieron escribir y que lo hicieron otros por ellos", pero "no hay que echarle la culpa a nadie", manifestó Fernández durante el acto de presentación del canal estatal Tecnópolis TV.
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Se espera que el Gobierno haga pesar su mayoría en ambas ramas del Congreso. La próxima semana, el proyecto sería examinado por el pleno de la cámara Alta.
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Luego de la determinación del gobierno trasandino firmas como Cencosud, Andina, CCU y CMPC siguen siendo sometidas a todo tipo de controles, luego de haber invertido más de 16 mil millones de dólares.
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