La fiscalización de los auditores abarcó el periodo comprendido entre octubre de 2016 y marzo de 2017.
Redacción EL DÍNAMO
"Cerramos un proceso que deja en manifiesto que los actos administrativos de nuestra sociedad siempre se han realizado en el marco de las normativas establecidas", dijeron en la entidad.
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De este modo, busca que la Fiscalía identifique a los encargados de contrataciones de la municipalidad y el levantamiento de sus patrimonios para contrastarlo con sus declaraciones de intereses.
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La petición busca "aclarar la controversia generada sobre los resultados de dicho comicios (...) con el acompañamiento de observadores internacionales especializados y reconocidos".
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Una auditoría, en torno al Aporte Previsional Solidario de Vejez que se entregó en 2016, reveló problemas en la gestión del Instituto de Previsión Social (IPS) respecto del pago de beneficios –por ejemplo- a personas fallecidas.
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La actual directiva afirma que esto responde a una mala gestión de la administración anterior.
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"La cifra a la que ha llegado KPMG para el periodo 2016 sobrepasa muy fuertemente nuestras estimaciones", declaró la alcaldesa.
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Carlos Soto recalcó que "hoy se cierra faltando 34 millones y nuestro compromiso es seguir trabajando para acreditar el máximo o entregar lo que sea necesario de esos montos".
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La cifra superaría los tres mil millones de pesos y de estos $1.426 millones corresponden a traspasos que hicieron los ministerios de Salud y Educación a la comuna para distintos programas y que “no se ejecutaron, pero el dinero no está. Se gastó en cualquier cosa”.
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Pese a que se necesita un puntaje de 0,85 como mínimo, el servicio de transportes de Santiago alcanzó un promedio de 0,75, tras el estudio que se le realizó a las siete empresas entre el 2013 y el 2016.
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