Según el abogado de la multitienda, Davor Harasic, existen "motivos racionales para creer que los imputados procurarán ocultar sus bienes a fin de frustrar la acción de la justicia".
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Entre los puntos que se destacan en este acuerdo, están los relativos a las repactaciones y trámites telefónicos, sentenciando que deben informarse claramente los montos de la deuda a repactar, tasa aplicada, impuestos y costos asociados, además del monto total de cada una de las opciones ofrecidas.
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Para el jurista, las acciones dictaminadas en la causa no tendrán efecto sobre la multitienda, ya que se tomaron respecto de personas naturales.
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Los cargos contra los imputados se basan en la infracción a la Ley de Mercado de Valores y Ley de Bancos.
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El líder del máximo tribunal manifestó que la gente debe tener la seguridad de que "se va a fallar con pleno conocimiento de los antecedentes y plena independencia", sin dejarse influenciar.
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El prosecutor sostuvo que en el transcurso del caso podrían configurarse nuevos ilícitos que podrían involucrar a otros ex o actuales directivos.
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Los profesionales consideran que no hay fundamentos jurídicos para las acusaciones.
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El ejecutivo se refirió a las irregularidades de la compañía y apuntó a que en el caso, "todo el mundo hizo mal la pega y no miró donde debió haber mirado".
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Acreedores de la firma aprobaron el convenio judicial preventivo, optando por el mismo camino que tomó la semana pasada la junta de bonistas, que representa el 60% del total de la deuda del retailer.
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