La actual administración de La Polar decidió interponer en el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago una presentación, solicitando medidas precautorias en contra de los ex ejecutivos de la multitienda, Pablo Alcalde, Julián Moreno, María Isabel Farah, Nicolás Ramírez y Santiago Grage, sosteniendo que “existen motivos fundados” para creer que los imputados podrían “deshacerse de bienes u otros activos ante la amenaza de indemnizaciones”.
El abogado de la multitienda, Davor Harasic, manifestó que la presentación del documento “busca garantizar el resultado de futuras demandas de indemnización de perjuicios en contra de los ex ejecutivos que serán formalizados, y el pago de las cuantiosas multas a las que podrían ser condenados” los imputados.
La presentación solicita al tribunal que consideren la prohibición de gravar, enajenar y celebrar todo tipo de actos y contratos sobre los bienes individualizados en el documento, así como la retención de dineros y títulos representativos de dinero especificados en el mismo texto, por una suma no inferior a los $3.000 millones por cada uno de los imputados, más intereses y costas.
El abogado explicó que los delitos por los que los ex ejecutivos se encuentran imputados conllevan “elementos de engaño y disimulación, en donde la verdadera situación patrimonial personal o de la empresa, fue alterada o modificada en beneficio propio, no sólo traicionando al interés de sus mandantes y empleadores, sino de la comunidad en general (…) Si esta situación se acredita en definitiva, y con los antecedentes que hasta ahora se manejan en la investigación, es posible aseverar que existen -de sobra- motivos racionales para creer que los imputados procurarán también ocultar sus bienes a fin de frustrar la acción de la justicia”, sostuvo Harasic.
