Fue en enero del 2016 cuando la entonces ministra de Justicia –nombrada hoy abogada consejera del Consejo de Defensa del Estado- solicitó a Tulio Arce, por esos días director de la institución penitenciaria, que contratara a cuatro personas, cada una por más de 3 millones de pesos.
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El ente administrativo señaló que hay artículos que deben rechazarse por “falta de precisión”. Por esto, se devolvieron los estatutos sin tramitar.
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Esto ocurre después de que en diciembre del año pasado la Superintendencia de Pensiones ratificara el proceso.
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El ente administrativo había determinado sacar a la ex subdirectora de la entidad penitenciaria el 2012, pero el director nacional de la entidad de ese momento pidió la restitución de ella y otros cinco funcionarios “por la normativa legal y reglamentaria”.
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El jefe de la entidad penitenciaria, Jaime Rojas, respondió de esta manera al hallazgo del ente administrativo que detectó que 424 trabajadores del servicio estaban en Dipreca sin cumplir con las condiciones para hacerlo.
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Junto con esto, hay diferencias de casi un millón 800 mil pesos en el sueldo de un funcionario en octubre de 2015, lo que repercutió en su jubilación, además de 51 trabajadores recibiendo asignación de zona y zona extrema, a pesar de trabajar en Santiago, a los cuales no se les pudo verificar el cumplimiento de las 44 horas semanales en el último trimestre de 2015 y primer semestre de 2016, ya que no registraron sus horas de entrada y salida.
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En el caso de las jubilaciones excedidas y por lo tanto truchas, Bermúdez defiende el interés público y el apego irrestricto a la legalidad, a sabiendas que la última palabra siempre la tendrá el Poder Judicial y en el caso del mall de Parque Arauco y Ripley, ha defendido a estos inversionistas quienes, con la habilidad propia de los buenos hombres de negocios, quieren pasar gato por liebre, con lo cual concluimos que dependiendo de las motivaciones que tienen los seres humanos, serán sus comportamientos.
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Aún está otra contienda de competencia que elevó el ente administrativo ante el Senado, donde reclama su derecho para definir la misma materia, respecto de un grupo de trabajadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que también quieren que sus pensiones estén con las Fuerzas Armadas en Capredena, y no en las AFP.
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Además, se registró un nuevo enfrentamiento entre la Contraloría y la Justicia, ya que la Corte Suprema calificó de “arbitrario” el actuar del ente administrativo, ya que no habría esperado a que el ex alcalde, Fernando San Román, presentara los antecedentes que defendían la iniciativa.
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En definitiva, corresponde a la Contraloría pronunciarse, como lo ha hecho regular y sostenidamente sobre el régimen de pensiones de los funcionarios públicos el cual por regla general, para bien o para mal, no puede ser otro que el aplicable a la mayoría de los chilenos, el de AFP.
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