Tras el rechazo del recurso de reclamación presentado por la corredora LarrainVial en contra de la decisión de la Unidad de Análisis Financieros, ésta deberá pagar una amonestación y multa de 500 UF, lo que equivale a $11.451.815.
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Según la magistrada del Séptimo Juzgado Civil de Santiago, el Código Orgánico de Tribunales impone cuando el libelo es en contra del Arzobispo de Santiago, Ricardo Ezatti, representante legal de la Iglesia Católica capitalina.
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La acción judicial fue presentada por la publicidad "Precios bajos sin comparación" en la que Cruz Verde comparaba 685 productos que supuestamente eran más baratos que en Farmacias Ahumada, cuestión que finalmente no fue demostrada.
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En agosto se condenó a Pitronello a seis años de libertad vigilada por los delitos de daño, infracción a la Ley de Armas y uso de placa patente falsa, sin embargo, se decidió no procesarlo por terrorismo.
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Sólo 164 de los más de 2 mil casos revisados por la Corte de Apelaciones de Santiago obtuvieron el beneficio. Entre aquellos que no lo lograron se cuentan casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos.
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Junto con admitir la acción presentada por un grupo de parlamentarios de oposición, el tribunal pidió al ministro Jorge Dahm un informe respecto a sus razones para no decretar medidas cautelares en contra del Ministerio de Minería.
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Dahm ya admitió a trámite el libelo, pero rechazó decretar una medida precautoria en contra del Ministerio de Minería para suspender la entrega de las bases del concurso público
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Patricio Villarroel, presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, deberá agendar la sala y día en que se llevará a cabo la audiencia donde, además, puede participar la defensa de Luciano Pitronello para respaldar la pena que lo condenó a seis años de libertad vigilada
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La resolución judicial surge de la publicidad denominada “Precios bajos sin comparación”, desarrollada por la cadena Cruz Verde, en la que se compararon 685 productos que supuestamente eran más baratos que en Farmacias Ahumada,cuestión que no fue demostrada.
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El ministro Mario Carroza había cerrado el caso entendiendo que existía el principio de la cosa juzgada por ser hechos ya sancionados por los tribunales chilenos
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