El máximo tribunal, en fallo unánime, ratificó la decisión de la Corte de Apelaciones de Valdivia ante la responsabilidad del parlamentario en el homicidio de René Bravo, Julio César Riffo, Raúl Obregón y Pedro Yáñez.
Gustavo Campaña, magistrado titular del Tribunal Oral de Melipilla, aseguró que en las acusaciones de las trabajadoras del Juzgado de Garantía de Curacaví existen “contradicciones importantes”.
El ciudadano viñamarino Carlos Valencia, miembro de la fundación Defendamos la Ciudad, en conocimiento de la situación ilegal, formuló por escrito la denuncia de rigor ante la sede central de la Contraloría, incluso en reunión en Santiago con el ex contralor Ramiro Mendoza, a quien se le explicó con lujo de detalles el desarrollo de los hechos y tiempo después la Contraloría resolvió lo que todos sabíamos : el antiquísimo permiso había caducado tal como lo expresa el artículo 1.4.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), materia que fue resuelta en idénticos términos por el Seremi de Vivienda y Urbanismo de la V Región, funcionario del actual gobierno.
Por su parte, el ministro Jorge Dahm decretó que el ciudadano chileno requerido quede sujeto a la medida cautelar de arraigo nacional por el término de dos meses.
El máximo Tribunal acogió la acción cautelar presentada por el INDH, al establecer el actuar arbitrario e ilegal de los carabineros en el procedimiento.
Aún está otra contienda de competencia que elevó el ente administrativo ante el Senado, donde reclama su derecho para definir la misma materia, respecto de un grupo de trabajadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que también quieren que sus pensiones estén con las Fuerzas Armadas en Capredena, y no en las AFP.
Junto con ello, se ratificó el sobreseimiento por fallecimiento de los europeos Albert Schreiber, Paul Schäfer, Gisella Gruhlke, Renate Freitag, Gerd Seewald y el chileno Manuel Contreras