Se trata de los secuestros calificados de Williams Millar Sanhueza y Jorge Marín Rossel, ocurridos en septiembre de 1973 en Iquique.
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Al diplomático se lo vincula con la destrucción de archivos secretos de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), lo que provocó manifestaciones de chilenos residentes.
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Esto, luego que el abogado de Joannon, Eduardo Novoa, se reuniera con el juez para definir si su representado debía volver a declarar luego de haberlo hecho en calidad de imputado ante el Ministerio Público, previo a que la Fiscalía se declarara incompetente.
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Seewald cumplía una condena de ocho años por diversos delitos, entre ellos ser cómplice de los abusos sexuales contra menores cometidos por Paul Schäfer.
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En el programa emitido el pasado 9 de julio se dio a conocer estos documentos, los cuales permitieron conocer el funcionamiento de los organismos de represión, así como la búsqueda de información, los secuestros y los crímenes. Además, se dio cuenta de las torturas a las cuales eran sometidas los detenidos en el predio.
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El religioso declaró en calidad de imputado a la fiscal Erika Vargas, quien después se declaró incompetente y traspasó la investigación por una eventual red de adopciones irregulares durante dictadura al ministro Mario Carroza.
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La delegación chilena fue encabezada por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros, quien durante su intervención informó a los miembros del Comité de que si bien aún está vigente, la ley de Amnistía no se aplica.
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La indagación, que incluye el caso del padre de la presidenta, general Alberto Bachelet, quedó a cargo del magistrado Mario Carroza.
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El ex timonel de la DINA, Manuel Contreras, quien acumula penas por cerca de 400 años de prisión, fue condenado por el homicidio de Humberto Juan Carlos Menenteau Aceituno.
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El legislador australiano Telmo Languiller, acusó al gobierno de ese país de ser "de alguna manera cómplice por no darle seguimiento a una causa justa".
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