El Ejecutivo debió negociar una serie de recursos adicionales para aquellos estudiantes que no puedan acceder a la gratuidad y evitar que esto sea llevado al Tribunal Constitucional.
Redacción
El jefe del ente administrativo, que ahora por ley podrá fiscalizar los dineros que las casas de estudio reciban por concepto de gratuidad, acusó falta de personal y de recursos económicos.
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“Que no quepa ninguna duda que desde el Gobierno vamos a seguir luchando por una educación gratuita, pero sobre todo de calidad en forma responsable y en forma gradual, porque la gratuidad llegó para quedarse”, sentenció.
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La ministra Adriana Delpiano precisó que “éste es un tema que ha sido muy complejo, duro, porque efectivamente es un tema de optar no por lo mejor, sino que por el mal menor, respecto del fallo del Tribunal Constitucional (TC) del año pasado”.
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“Fue una ceremonia muy simple, sin ningún protocolo ni a la llegada ni al término del acto”, cuenta en su relato.
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El ministro de Hacienda Rodrigo Valdés especificó que “hoy día, como está el Presupuesto, no tiene recursos para las universidades estatales en basales ni becas para educación superior”.
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Los alumnos deben inscribirse en el portal del FUAS y rellenar el formulario para acceder a becas, créditos o gratuidad. Sin embargo, no todos los alumnos tienen los mismos beneficios: las universidades del Cruch cuentan con becas extras a las universidades privadas.
Hernán Melgarejo
En entrevista para La Tercera, el rector de la Adolfo Ibañez criticó el proyecto de gratuidad del Ejecutivo y dijo que "se está buscando proteger los intereses de las estatales, que en este país tienen un estatus casi de sacrosanto".
Hernán Melgarejo
La mitad de las 30 Universidades mostraron este tipo de brechas, donde las más afectadas fueron la Universidad Autónoma y la Diego Portales. En el Consejo de Rectores, 10 de las 25 instituciones han sufrido este fenómeno, pero la mayoría logra retornar a la normalidad a través de fondos basales.
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Esta herramienta de financiamiento ha permitido que 718.581 estudiantes, principalmente de familias vulnerables, accedan a la educación superior desde 2006. Pero a 10 años de su implementación, algunos sectores solicitan con vehemencia su término, mientras que el Gobierno ha anunciado que le realizará importantes cambios.
Hernán Melgarejo