Aunque se dice que el organismo internacional sólo ofrecería "consejo", en la práctica estarán vigilando en detalle los pasos de la administración itálica.
Redacción
La medida una estrategia muy utilizada por los Ejecutivos italianos para acelerar las aprobaciones de las leyes, ya que permite saltar el debate de enmiendas y el parlamentario
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Se espera que entre esta noche y mañana el Gobierno peninsular enviará a las autoridades comunitarias una carta con las indicaciones sobre "cómo Italia pretende respetar sus compromisos europeos".
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El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, aún no logra los apoyos necesarios para dar forma a las medidas exigidas por Bruselas: reformas en el sistema de pensiones y en el marco jurídico en el que operan las empresas, así como avances en la consolidación fiscal y presupuestaria.
Patricio Ojeda González
"Me parece que existe esta hipótesis (de que el Gobierno pueda caer), pero los márgenes para la negociación existen y estamos negociando", respondió el ministro durante un acto en Roma a preguntas de los periodistas.
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El Gobierno peninsular no llegó a acuerdo sobre las medidas en una reunión celebrada durante esta jornada en Roma.
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En Nápoles (sur de Italia), la Policía ha registrado las casas de una decena de personas ya fichadas por su participación en protestas de carácter anarquista y se ha buscado, sobre todo, material explosivo, según han informado los medios de comunicación italianos.
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"Si estamos enfadados nosotros por la crisis, imaginémonos ellos que son jóvenes, que tienen 20 ó 30 años y no tienen perspectivas", dijo Draghi en referencia a sus compatriotas italianos.
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El jefe de la Policía de Roma, Francesco Tagliente, ha elaborado un plan de seguridad por áreas, como el que se realiza para grandes eventos, como ocurrió con la beatificación de Juan Pablo II, ante el temor a que se produzcan altercados.
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La UE decidió en 2008 incluir la aviación en el sistema comunitario de comercio de derechos de emisión (ETS, por sus siglas en inglés), es decir, obligar a las aerolíneas a pagar por cada tonelada de CO2 que emitan en trayectos con origen o destino en la UE.
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