En ese sentido, se hace necesario establecer una fórmula jurídica que permita poner fin a la vigencia de la “Ley Longueira”, sin que ello implique por motivo alguno el pago de indemnizaciones.
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El proyecto de artículo único se fundamenta en los cuestionamientos a la legitimidad de la norma, luego que se confirmaran los vínculos de Corpesca con parlamentarios como el senador Jaime Orpis y la ex diputada Marta Isasi, quienes son indagados por cohecho.
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Durante la mañana de este miércoles pescadores artesanales de Ancud y Dalcahue cortaron los accesos al Canal de Chacao bloqueando dos rampas. Las manifestaciones eran contra la denominada “Ley Longueira”.
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El silencio guardado por el actual subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, ante las tergiversaciones de Sonapesca, pareciera llevarnos al fondo de este asunto: al subsecretario le da lo mismo que se confunda a la opinión pública si ello ayuda a no incomodar a las siete familias y dejar en el olvido la promesa de campaña de la Nueva Mayoría de darle prioridad a la revisión de la Ley de Pesca, también llamada Ley Longueira, cuerpo legal que se ha denunciado como una ley de privilegio que deja sin acceso al consumo de pescado a la inmensa mayoría de los chilenos.
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"Ahora exigimos en la calle que esta ley se revise ahora y que la Presidenta pida la renuncia del subsecretario Súnico, pues sus compromisos no están con ella sino con la industria", argumentaron.
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Dirigente Hernán Machuca indicó que las tomas de los últimos días apuntaron a que el gobierno concrete el anuncio de la Presidenta Bachelet del 21 de mayo.
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Otras materias como el pago que recibe el Estado por royalty, tampoco ha sido tratado. Recordando que antes de la entrada en vigencia de la ley Longueira, las 7 familias pagaban 30 millones de dólares por patentes, y ahora por royalty y patentes, apenas 12 millones de dólares.
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La ex mandataria sostuvo una reunión con los pescadores del Bío-Bío, momento que aprovecharon para dialogar sobre la llamada "Ley Longueira", pidiendo a la candidata que derogue la legislación en un posible gobierno.
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El subsecretario Pablo Galilea valoró el fallo del Tribunal Constitucional, con lo que a la ley solo le falta la iniciativa legal para promulgarse.
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La organización ambientalista destacó: la evaluación de la ley en su eficacia e implementación de las medidas de conservación y manejo cada cinco años, el establecer las definiciones de captura y desembarque que mejora el conocimiento de las reales capturas de los recursos
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