Finalizada la audiencia, el Tribunal Oral estaría en condiciones mañana martes de pronunciarse sobre la culpabilidad del joven, que arriesga una pena de 15 años de cárcel.
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El abogado llegó al mediodía hasta las dependencias de la Fiscalía de Ñuñoa, siendo interrogado en calidad de testigo ante los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, quienes indagan el lucro en las universidades y eventuales faltas administrativas en las acreditaciones de al menos cinco casas de estudios superiores.
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El religioso, que ha sido separado de sus funciones, calificó la denuncia como falsa. La institución por su parte, proporcionó al Ministerio Público todos los antecedentes recabados para la investigación.
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Si el tribunal declara culpables a los acusados, el cumplimiento de la pena será efectivo, ya que bajo la Ley 18.216, no existe posibilidad de acogerse a cumplimiento alternativo de las mismas.
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"El próximo paso es la demanda civil al Estado porque no pueden ser gratuitas las circunstancias en que te imputen ser terrorista y por esa condición te mantengan privado de libertad en condiciones extremas", explicó el abogado defensor, Rodrigo Román.
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El ministro del Interiror se refirió al caso tras la lectura del fallo que confirmó la absolución de los acusados, querellados por el ministerio que encabeza.
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El Tribunal no accedió a la petición de la Fiscalía, que habría demorado la diligencia hasta por 20 horas. Además, condenó en costas al Ministerio Público y a los querellantes, suma que asciende a los $300 millones.
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Este viernes debería resolverse la petición de la Fiscalía en cuanto a la lectura del fallo. Por su parte, la defensa de los acusado solicitó que se establezca que el Ministerio del Interior y el Ministerio Público deben pagar las costas del juicio.
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Sabas Chahuán, enfatizó que "una cosa es la labor de inteligencia, que es muy importante en el país que se haga debidamente y otra cosa es judicializar el tema".
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La Corte de Apelaciones de Santiago fijó en 400 mil pesos las costas del juicio para cada uno de los seis juristas que participaron en el proceso donde se trató de inhabilitar a los magistrados del Tercer Tribunal Oral en lo Penal.
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