Pese a que el otrora parlamentario iba a ser formalizado por delitos tributarios, los abogados Felipe y Benjamín Ríos, del Servicio de Impuestos Internos, abandonaron la sala. El argumento, que es una suerte de línea institucional del SII, es que no hay una querella nominal contra el ex senador.
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Pablo Honorato logró conversar con el imputado previo a la audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia.
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“La gravedad siempre está asociada a la penalidad y, en el caso del delito de cohecho, tiene una pena bastante menor. Por lo tanto, no se justifica pedir la prisión preventiva”, dijo el fiscal.
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La formalización contra Alessandri y otros 20 indagados se realizará el próximo 6 de julio.
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El fiscal Gómez agregó que "tratándose de una infracción que tiene una pena tan baja, las cautelares van a ser de un rigor bastante menor. Puede ser el arraigo perfectamente. La prisión preventiva no tiene ningún sentido".
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La información primero la recibió el entonces Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, y en octubre del 2015 se comenzó a negociar el juicio abreviado de Jovino Novoa, en tanto que también se solicitó el desafuero de Jaime Orpis. La información no habría tenido repercusiones inmediatas en el equipo investigativo.
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"Ambos tienen tareas muy relevantes como fiscales regionales como para distraer el tiempo en esta clase de temas", argumentó.
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En CNN Chile, el actual jefe regional de O'Higgins indicó que los correos estaban en la carpeta del caso SQM desde el inicio de la investigación. Quien actualmente encabeza las indagatorias discrepa y afirma que sólo recibió esta información el 8 de enero.
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Consultado sobre la querella que presentó el CDE contra Longueira, Fernando Barraza sostuvo que "no necesariamente existe evidencia de una relación que nosotros podamos considerar para una acción penal".
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Serían 32 personas las que, de acuerdo a la investigación contenida en el caso SQM, componen esta organización que habrían obtenido fondos de parte de la minera no metálica.
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