Según un informe hecho por la Dirección de Presupuesto en 2016, el Estado gasta $2.300 millones de dólares al año en las pensiones de los ex uniformados, mientras que destina $1.601 millones de dólares al pilar solidario del actual sistema de pensiones.
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Para que el traspaso sea efectivo, se debiera calcular un bono de reconocimiento que en este caso se estima que ascendería a 98 millones de pesos. En tanto, los legisladores acusan a Dipreca de facilitar los “jubilazos” y sugieren actualizar la ley para evitar resoluciones contradictorias.
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El informe fue solicitado por el Ministerio de Hacienda con el fin de analizar los beneficios y contras a largo plazo de cambiar el actual sistema de pensiones.
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“Hay que entender que eso es al calor del debate, pero claro era una mierda. Ahora están empezando a salir los primeros jubilados y el Mercedes Benz no mutó”, indicó la otrora panelista de Vigilantes.
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En los antecedentes que liberó la Superitendencia de Pensiones se especifica que existen diferencias sustanciales entre un cotizante que utilizó el sistema entre 10 a 15 años, versus una persona que supera los 20 años. La relevancia de estos datos, según la AAFP es que antes “sólo se utilizaba el dato oficial del monto promedio de la pensión, sin vincular el beneficio con el número de años cotizados”.
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Inicialmente aumentaría la edad de jubilación de las mujeres hasta los 65 años.
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Son en promedio 2 millones 300 mil pesos para uno de estos oficiales, versus los cerca de 190 mil pesos promedio que alcanza una pensión de un ciudadano que cotiza en las AFP. De las jubilaciones a las Fuerzas Armadas, más de mil 200 millones llegan a funcionarios investigados por distintos ilícitos.
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La propuesta incluiría a los trabajadores independientes en el sistema, con la posibilidad de ampliar la cobertura que tiene hoy el Pilar Solidario (financiado con impuestos generales) e igualar la edad de jubilación de las mujeres con la de los hombres, con el fin de que se jubilen a los 65 años.
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En paralelo, la Superintendencia de Pensiones continuaría elaborando una propuesta concreta para llevar al Congreso en caso de que se impulse concretamente esta iniciativa, mientras que el ministerio de Hacienda continúa con las reuniones con autoridades del mundo político.
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La Presidenta enfatizó en que existe compromiso de parte del gobierno para realizar cambios en esta materia, considerando el acuerdo de todos los sectores políticos, sociales y económicos.
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