El subsecretario del Interio, Mahmud Aleuy, afirmó que en este caso el Servicio de Impuestos Internos cumplió la instrucción entregada por la Fiscalía.
Tras esto, el equipo de fiscales compuesto por Sabas Chahuán, Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias se encuentran reunidos para analizar la información.
El organismo dependiente del Ministerio de Hacienda reaccionó al pedido de Sabas Chahuán de traspasarle dichos antecedentes en un plazo de 48 horas, en el marco de la investigación que lleva adelante por el caso Penta.
Así, Sabas Chahuán y su equipo de fiscales deberán fundamentar por escrito las razones de por qué pidió al SII que le entregue los libros de compra y de retenciones de honorarios de SQM.
Esta mañana interpuso un recurso de aclaración ante la entidad, con el que busca frenar la entrega de dicha documentación y califica de "obstinada" la forma de actuar de la Fiscalía.
Llevaba una carrera de casi 20 años como funcionario público entre el SII y la Dipres. Tenía un destacado perfil como académico y teórico, citado incluso por Thomas Piketty, y sus estudios sentaron las bases de la actual reforma tributaria. Pero hoy, como director del Servicio de Impuestos Internos, le pesa su lado político. Fue parte del comando de Bachelet, su designación depende de la Presidenta y el organismo que preside depende directamente del Ministro de Hacienda. Todo material de suspicacias, en uno de los momentos más difíciles de la historia del SII, debido a su actuar en el caso SQM. Esta es la historia del hombre que está siendo presionado por el gobierno, el poder político y la Fiscalía, y que tiene en sus manos el destino de investigar o no a SQM. Y con ello, el futuro de buena parte de su sector: la Nueva Mayoría.
Michel Jorrat aseguró que hace meses que la fiscalía tiene antecedentes que le permitiría iniciar investigaciones a SQM por infracción a la ley electoral y por delito de cohecho.
El director jurídico, Cristián Vargas, afirmó que "tenemos antecedentes suficientes como para decidir presentar acciones" antes del 30 de abril, fecha en que vence el plazo de la prescripción de los delitos.
Aunque no es un comunicado oficial, al menos así lo señaló el director jurídico del órgano persecutor, Cristián Vargas, en entrevista radial. También salió al paso de las críticas surgidas de los distintos sectores políticos por el actuar de la entidad asegurando que "el servicio no actúa para la galería".
El fiscal nacional Sabas Chahuán amparó su requerimiento en el Código 19 del Código Procesal Penal, el que norma la entrega a la Fiscalía por parte de otras instituciones.