El ahora ex subsecretario estuvo envuelto en una polémica, cuando se reveló que existía una boleta suya emitida a SQM, que se presumió "ideológicamente falsa".
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El próximo 30 de junio el autodenominado operador político de la Nueva Mayoría iba a enfrentar la audiencia de comunicación de cargos junto al ex gerente general de SQM, Patricio Contesse.
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La empresa de Julio Ponce Lerou asegura que no ha incumplido el acuerdo con la estatal, que no tiene ninguna deuda y que el aporte fiscal del Salar de Atacama se eleva a 360 millones de dólares.
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Este acuerdo, el cual norma el arriendo por parte de la firma de Julio Ponce Lerou de casi 30 mil pertenencias mineras, enfrentará un comparendo el 9 de julio.
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Mañana se hará un encuentro nacional que reunirá a dirigentes comunales de todos los sectores del partido. Ahí debatirán cómo conseguir los cerca de 180 votos que necesitan para auto convocar a una Junta Nacional Extraordinaria en la que se discuta la continuidad del presidente del partido. Hoy 87 militantes, algunos de ellos destacados e históricos, publicaron una carta en la que pedían que Pizarro suspendiera su presidencia mientras dure la investigación del caso SQM.
Hernán Melgarejo
Esto ocurre en el marco de un juicio arbitral por el arriendo de las pertenencias mineras. La decisión de la entidad estatal estaría en diversas irregularidades cumplidas respecto del contrato suscrito con el gobierno, además de haber presentado un comportamiento poco “ético”.
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“He llegado en la hora definida, no había ningún fiscal, aparentemente hubo una descoordinación”, aseguró Pizarro Cristi.
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Así, aparece el ex gerente general de SQM Patricio Contesse, quien ya está formalizado por delitos tributarios en el caso Penta-SQM. Además, también fueron mencionadas Cencosud, el Banco de Chile, Copec, AntarChile, LAN, Quiñeco, Enersis y Falabella.
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De acuerdo a una revisión interna de la minera no metálica, RN y la UDI, quienes extendieron más boletas y o facturas, suman 2 mil 500 millones en facturas, en tanto que el oficialismo habría recibido cerca de 3 mil millones.
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Según el parlamentario Alejandro Santana, esta comisión se justifica por las presiones acusadas por parte del ex subdirector jurídico del SII, así como también del ex ministro Jorge Insunza.
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