El proyecto fue presentado originalmente por la administración de Michelle Bachelet y perfeccionada por el actual Gobierno y su objetivo es generar todas las condiciones normativas necesarias para que la digitalización efectiva de las señales televisiva, con criterios de acceso y calidad.
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Se espera que con la entrada en vigencia de esta nueva ley se acelere el proceso de transición del sistema análogo a digital, al mismo tiempo que los televidentes deberán cambiar su televisor a uno con la norma digital, o bien adquirir un decodificador para recibir la señal.
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La isla es el único país dentro de América que adoptaría este estándar, aunque se desarrollaron pruebas del mismo en Perú y Venezuela, territorios que finalmente se decidieron por la norma japonesa-brasileña por entregar un precio más conveniente.
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En sesión especial, el Senado despachó dichas disposiciones que distingue el plazo de 20 años a los concesionarios con medios propios y 5 años a los que posean medios de terceros.
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Para este 26 de mayo está programada la actividad familiar para manifestarse por el centro de Santiago organizada por la Mesa de Ciudadanía y TV Digital.
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El proyecto bilateral también incluye una arista académica, permitiendo el perfeccionamiento de académicos y estudiantes de las universidades nacionales.
UPI