Las instituciones adscritas a la gratuidad presentaron este año un déficit total de cerca de $17.000 millones, según dio a conocer un estudio realizado por Acción Educar.
La brecha sería producto de la diferencia entre sus aranceles reales y los aranceles regulados fijados por el gobierno.
Las mayores diferencias se aprecian en la Universidad Diego Portales (más de $5.000 millones), la Universidad Autónoma (más de $4.000 millones), la Universidad Finis Terrae (más de $3.000 millones), la Universidad Alberto Hurtado (más de $1.000 millones) y la Pontificia Universidad Católica (más de $1.000 millones).
“Estos resultados muestran, una vez más, que el diseño de la política de gratuidad, particularmente la fijación de aranceles, implica una situación deficitaria para las universidades, y ese déficit inevitablemente impacta en la calidad y en el desarrollo futuro de los proyectos educativos”, señaló Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar.
Además, añadió que la situación deficitaria se agravará si la gratuidad sigue avanzando a los superiores, considerando que hay una mayor representación de esos sectores en la matrícula de educación superior.
