El jefe de la bancada de la UDI, Henry Leal, abrió formalmente la posibilidad de impulsar una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, luego de que el Ejecutivo emitiera el decreto que autoriza la expropiación parcial del terreno ocupado por la megatoma de San Antonio.
La ofensiva surge tras la decisión del Gobierno de avanzar en la adquisición forzosa de poco más de 110 hectáreas para habilitar el Plan Habitacional Cerro Centinela, cuya finalidad es entregar una solución definitiva al 90% de los hogares que hoy residen en el campamento.
Según sostiene el decreto exento Nº88, justifica la expropiación ya que “constituye un problema humanitario, considerando que más de 3.000 niños habitan el lugar, y genera elevados costos sociales y económicos, tanto para las familias y la ciudad de San Antonio como para el Estado, que debe concurrir para atender la emergencia y poner a disposición planes y programas que den soluciones al menos transitorias a las personas afectadas“.
Sin embargo, para Leal la medida constituye una vulneración grave al ordenamiento jurídico y justifica una reacción parlamentaria de alto calibre. A su juicio, lo ocurrido “es una ofensa al Estado de derecho” y configura un precedente que podría normalizar futuras tomas de terreno.
El motivo para estudiar una acusación constitucional contra Montes por megatoma de San Antonio
“Lo que está haciendo el Gobierno y el ministro Montes es gravísimo, con esta conducta expropiatoria se están convirtiendo en cómplices de una ilegalidad y están incumpliendo lo que es la Constitución, el derecho a la propiedad“, afirmó el diputado. Además agregó que “están siendo cómplices de un delito de usurpación con una expropiación que además se paga con recursos de todos los chilenos“.
Leal subrayó que su bancada está dispuesta a activar todos los mecanismos de fiscalización disponibles. “Es una invitación para que otros puedan tomar un terreno total, después el Estado te lo va a comprar y te lo va a entregar. Eso es inaceptable y por eso si es necesario hacer una comisión investigadora, o una acusación constitucional, contra el ministro Montes, lo haremos, está todo abierto”, advirtió.
Aunque el Gobierno enmarca la expropiación en razones humanitarias y técnicas, el parlamentario insiste en que “no se puede permitir, ni tolerar” que el Estado avale conductas que, asegura, equivalen a usurpación.
