Compás de espera: Votación de articulado de la ley de concesiones eléctricas vuelve a retrasarse

El presidente de las comisiones de Minería y Energía del Senado, el RN Baldo Prokurica, confirmó que nuevamente se volvió a postergar la votación del articulado del proyecto de Ley de Concesiones Eléctricas en busca de un consenso en los puntos en los que persisten diferencias entre el Gobierno y los parlamentarios de oposición.

En este contexto, Prokurica agregó que “el Ejecutivo está en este minuto analizando esta propuesta de mayoría que realizó la comisión”, consigna el DF.  Y a renglón seguido precisó que “quisimos hacer este nuevo esfuerzo en busca de un acuerdo, porque de lo contrario esta tramitación podría ser eterna, porque algunos alegan que hay disposiciones inconstitucionales y recurrirían al Tribunal Constitucional y otros que respecto al Convenio 169 podrían recurrir a otros organismos; pero en definitiva todos lo que queremos es que no se vulneren los derechos de los indígenas ni de las áreas silvestres, pero que esta normativa pueda avanzar”.

Por su parte, el grupo de trabajo técnico que analizó las 162 indicaciones que fueron presentadas por parlamentarios de todos los sectores a mediados de mayo, logró que algunas se retiraran, otras fueron declaradas inadmisibles y algunas se fusionaron.

Los puntos en conflicto

Con todo, persisten las diferencias en tres puntos fundamentales. De cara al Convenio 169 y la consulta indígena, la disposición del Ejecutivo es que se remitan a la legislación actual, pero desde la oposición han advertido que se debe incluir una norma expresa o de lo contrario recurrirán a organismos internacionales para hacer valer esta convenio.

El segundo punto se liga con el artículo 27 TER, que establece un nuevo mecanismo de reclamación; en el Gobierno buscan precisar su alcance para que no sea tan amplio. La idea es que los reclamos frente a alguna obra puedan ser realizados por los dueños de los terrenos afectados, por algunas causales debidamente descritas y no por cualquier persona.

El tercer punto en conflicto es el relativo a las zonas silvestres protegidas que para el Gobierno se transformó en un tema no menor debido a que cualquier trazado deberá pasar cerca de alguna de estas zonas en el acceso a Santiago.

Otro tema que hace peligrar un consenso global es el relativo a una indicación de la oposición que establece que cualquier informe de peritos que se pida deba ser pagado por el concesionario, lo que podría implicar una serie de pedidos con los costos y tiempos que eso implica en el retraso del inicio de las obras.