Quiénes son y qué pide el grupo de médicos que busca evitar la aprobación del proyeto de aborto

Este jueves a las 10 de mañana, un grupo de 20 médicos llegó al frontis del palacio de La Moneda, principalmente ginecoobstetras. En sus manos llevaban varios cuadernos con 46 mil firmas de personas que, según ellos, se oponen al proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales, que actualmente se discute en la Comisión de Constitución del Senado.

Ésta fue la primera manifestación pública de la agrupación Médicos por la Vida, constituida de acuerdo a la información que manejan por 1.369 médicos de diversas especialidades, profesionales de la salud y estudiantes de medicina, todos vinculados a principalmente tres universidades: Católica, De los Andes y Del Desarrollo.

¿El objetivo? Detener la tramitación del proyecto y evitar que sea un derecho para todas las mujeres.

“Estamos convencidos de que la solución es decir sí a la vida y no al aborto”, explica el ginecoobstetra de la U. Católica Luis Jensen, uno de los voceros del organismo a La Tercera.

Según el médico, “pedimos audiencias en las comisiones de Salud de la Cámara, en la del Senado y con la Presidenta, pero nadie nos recibió. Así que decidimos salir a la luz pública, entregando un certificado notarial en La Moneda que acredita que más de 45 mil personas se oponen como nosotros al aborto”.

El proyecto que hoy se discute en el Senado despenaliza el aborto ante riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación y fue ingresado al Congreso en enero de 2015, estableciendo la objeción de conciencia para médicos que prefieran abstenerse de realizar el procedimiento.

“Eso no es suficiente, porque lo único que conseguirá es dividir a los equipos médicos entre objetores y no objetores”, explica el mismo médico.

En esa línea, asegura que “puede suceder que los servicios de salud no quieran contratar a personas que no hacen ese trabajo y que los especialistas opten por no trabajar en lugares que no coinciden con sus creencias”.

El mismo no descarta que algunos especialistas, que hoy se desempeñan en el sector público, renuncien a sus puestos de trabajo si se aprueba el proyecto. “Es algo que ha salido en el debate y es entendible si se les hace difícil ejercer”, dice.

La opinión de las autoridades

La ministra de Salud, Carmen Castillo, afirma que “este proyecto de ley no obliga a ningún profesional médico a actuar en contra de sus principios, ya que sigue conteniendo la objeción de conciencia individual” y que  no han recibido antecedentes desde el gremio médico que alerten sobre renuncias de especialistas y, a la vez, resalta “el compromiso de los médicos de esta red con sus comunidades”, por lo que “estimamos que no es posible esta alternativa”.

En tanto, la presidenta del Colegio Médico Regional Metropolitano, Izkia Siches, dice que “cada médico tiene la libertad de manifestarse” pero critica este acto. “Los que estamos a favor del aborto también podríamos ir a La Moneda a dar testimonios, pero no lo hacemos, porque entendemos que nuestro rol es técnico”. Asimismo, asegura que sus pares que adhieren a dicha organización son “menos del 5% de los médicos del país”.

Karla Rubilar (ind.), miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, afirma que “a ningún médico se le va a obligar a realizar la interrupción de un embarazo”. Además, opina que si algún profesional está pensando en renunciar a su trabajo, “es una situación que raya en la ética, porque todos sabemos que existe déficit de especialistas en el sector público. Esto afectaría directamente al paciente que está en la lista de espera y puede, incluso, redundar en su muerte por falta de atención”.

Por su parte, la integrante de la Comisión de Salud del Senado Jacqueline van Rysselberghe (UDI), cree que “es razonable que los médicos den públicamente su opinión, porque el aborto no es un tratamiento, sino un acto en que se busca el fallecimiento del feto”. Además, enfatiza que la “objeción de conciencia es sólo para los médicos, no para los equipos de salud, como matronas y enfermeras, y creo que es razonable que los médicos no quieran ser cómplices de esta obligación”.