Este viernes, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentó el informe que realizó tras su visita a Venezuela.
En él acusa al gobierno de Nicolás Maduro de “graves vulneraciones de derechos”. Junto con eso, dio cuenta de las más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales que realizaron las fuerzas de seguridad venezolanas. Todo esto entre enero de 2018 y mayo de 2019.
En Ginebra, Bachelet presentó el informe y aseveró que “los venezolanos merecen una vida mejor, libre de miedo y con acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios”.
“El destino de más de 30 millones está en las manos de las autoridades y de su habilidad para poner los DD.HH. por delante de cualquier ambición ideológica o política”, señaló.
Respecto a los delitos denunciados en el informe, Bachelet sostuvo que estos “deben ser investigados a fondo, estableciendo responsabilidades para sus autores, y garantizando su no repetición”.
Torturas denunciadas
Durante la presentación del informe, la ex Presidenta denunció las informaciones respecto a las torturas que se habrían aplicado durante detenciones arbitrarias. A raíz de ello, recordó lo ocurrido hace unos días con el ex oficial Rafael Acosta, quien murió tras ser detenido y torturado.
La ex Mandataria sostuvo que “las instituciones esenciales y el Estado de derecho en Venezuela se han erosionado”.
En esa misma línea, indicó que “el ejercicio de las libertades de expresión, asociación, asamblea y participación en la vida peligro corre peligro de ser castigado con represalias y represión”.
Bachelet denunció, además, el uso repetido de “fuerza excesiva y letal contra manifestantes” y “ataques contra oponentes políticos y defensores de los derechos humanos”.
En dichos episodios se utilizaron métodos que “van desde las amenazas y las campañas de descrédito a detención arbitraria, tortura, violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas”.
La alta comisionada de DD.HH. indicó que “la única forma de salir de esta crisis es la unión”.
Además, solicitó al Gobierno de Venezuela que “vea a la oposición y los defensores de derechos humanos como socios en la causa común de estos derechos y de la justicia”.
