En la mañana de este viernes partieron los alegatos de los cinco recursos de protección faltantes en contra del Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Los Lagos, por la aprobación del proyecto de Central de Pasada Mediterráneo ocurrida en febrero de este año.
De acuerdo a la aprobación de la Resolución de calificación ambiental (RCA) del Proyecto Central de Pasada Mediterráneo -gestión realizada a fines del Gobierno de Piñera-, organizaciones sociales de Cochamó, principalmente de Puelo, han mostrado un descontento generalizado a la resolución de la CEA.
Esta oposición quedo en evidencia por la presentación de las mencionadas acciones judiciales ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en marzo del 2014, y que convoco a todo tipo de actores sociales, públicos y privados.
Los recursos corresponden a acciones iniciadas por Leopoldo David Muñoz de la Parra y otros, patrocinado por Jorge Correa Sutil; Stephanie Vanessa Donoso Ramírez por sí y en representación de Antonio Horvath Kiss y otros; la Comunidad Indígena Domingo Cayún Panicheo en su calidad de Lonko y otros; personas indígenas afectadas directamente por Mediterráneo, apoyadas por Fiscalía de Medio Ambiente (FIMA), y Felipe Andrés Molina Saavedra en representación de Doña Gabriela Alejandra Barriga Muñoz, Josue Manuel Corbari Gallardo y otros.
Rodrigo Condezza, presidente de la Corporación Puelo Patagonia, señaló -en diálogo con Bío Bío– que espera que la Corte piense en la comunidad más que en la rentabilidad de la empresa que impulsa el proyecto hidroeléctrico.
Por su parte, el Lof Domingo Cayún Panicheo del Valle del Puelo señaló en una declaración pública que “exigimos que se deje sin efecto la resolución exenta Nº 128 de fecha 6 de marzo de 2014, de la comisión de evaluación ambiental de la región de Los Lagos que calificó favorablemente, el proyecto denominado “Estudio de impacto ambiental Central de pasada Mediterráneo”
Y agregaron que “nuestro Lof considera que esta resolución fue un acto ilegal y arbitrario, como queda demostrado en el recurso de protección que interpusimos, porque infringe las garantías constitucionales de la constitución política del estado de Chile y del convenio Nº 169 de la OIT, ratificado también por este”.
De manera paralela en las afueras de la corte de la capital de la región de Los Ríos se dieron cita organizaciones sociales y comunidades indígenas, a la espera de lo que resuelva el tribunal de alzada.
