Si bien se refuerzan partidas necesarias, sigue faltando una conversación honesta sobre cómo generar los recursos para sostener un Estado social robusto sin asfixiar la inversión ni seguir cargando al mismo grupo de contribuyentes.
La pregunta ahora no es solo quién ganará en diciembre, sino si quienes lideren serán capaces de abandonar la trinchera doctrinaria, reconciliar el crecimiento con la protección, y restaurar la confianza extraviada por años de mala política.
La reforma al financiamiento de la educación superior en Chile se debate entre el populismo fiscal y el rigor técnico. Un debate serio y completo debiera abordar no solo quién paga, sino cómo y para qué.
La confianza en las instituciones se construye sobre hechos y sobre discursos. Los recientes episodios del millonario error en las tarifas eléctricas y la fallida compra de la casa de Allende son en realidad dos señales de alerta sobre la calidad de la gobernanza y la transparencia con que se administra lo público en estos momentos en Chile.
El CAE no tiene una preocupación por la calidad de la educación sino que su foco fue el financiamiento de la misma, lo anterior propició la expansión de instituciones de educación superior con baja acreditación y estándares algo cuestionables. El FES tampoco implementa un cambio profundo en los criterios institucionales de calidad.
Avanzar hacia directorios más diversos es una meta justa y urgente. Pero la clave del éxito está en cómo diseñamos el camino: combinando la ambición social del interés público con el respeto y el diálogo genuino con el sector privado.
La reforma previsional puede representar una oportunidad para mejorar el sistema de pensiones chileno, pero su éxito dependerá de una implementación cuidadosa y de la consideración de los múltiples riesgos asociados.