La confianza en las instituciones se construye sobre hechos y sobre discursos. Los recientes episodios del millonario error en las tarifas eléctricas y la fallida compra de la casa de Allende son en realidad dos señales de alerta sobre la calidad de la gobernanza y la transparencia con que se administra lo público en estos momentos en Chile.
En primer lugar, con respecto al tema de las tarifas eléctricas, la Comisión Nacional de Energía reconoció haber cometido una duplicación del ajuste inflacionario en sus cálculos, lo que infló artificialmente las cuentas de electricidad. Este error fue validado por las empresas generadoras —que revisan los borradores de decretos antes de su publicación— sin advertir la inconsistencia. Se calcula que el doble ajuste por inflación en estas tarifas dejó a los consumidores pagando un sobreprecio cuyo costo ha sido estimado en más de US$115 millones. Este episodio también gatilló la salida del ministro de Energía, Diego Pardow, y provocó una acusación constitucional impulsada por la oposición, quien responsabiliza al exministro por negligencia en la supervisión del proceso tarifario. En resumen, el tema de las tarifas eléctricas evidenció fallas estructurales en la regulación energética chilena; la combinación de errores técnicos, falta de fiscalización y alzas acumuladas por deudas pasadas terminaron trasladándose a costos extras a los consumidores. Este episodio deterioró la confianza en el sistema regulatorio eléctrico.
En segundo lugar, la malograda compra de la casa de Salvador Allende impulsada por el propio presidente visibilizó otra fisura institucional: advertencias legales desoídas, gestión apresurada y conflicto de intereses latente. El Estado intentó transformar la vivienda en museo, ignorando restricciones constitucionales y estructurales, lo que terminó en polémica y el cierre abrupto del caso por la Contraloría. Otra vez, la ciudadanía queda preguntándose quién responde y qué controles existen para proteger los intereses colectivos.
Lo más preocupante de estos episodios, no es solo el daño económico sino el precedente institucional que se instala. Cuando las reglas no se cumplen y los controles fallan, el mensaje es claro: la transparencia es negociable y la gobernanza pasa a ser secundaria. Estos episodios generan escepticismo, frenan la inversión y erosionan la confianza social en las reformas que el país realmente necesita.
¿Vamos a normalizar estos errores y la opacidad? Chile es capaz de mucho más. Es urgente pasar a los hechos y abandonar los discursos: exigir responsabilidad administrativa, controles efectivos y transparencia real. El futuro institucional depende de nuestra capacidad de aprender de los errores, y no repetirlos.
