El debate público exige una mínima honestidad intelectual: la evidencia no puede ser una bandera que se exhibe cuando conviene y se desecha cuando incomoda. Si quienes se sienten representados por la oposición o por el propio oficialismo aspiran a construir soluciones duraderas para el país, deben actuar reflexivamente.
El Estado debe garantizar derechos, establecer mínimos, corregir desigualdades, evaluar resultados y fiscalizar cuando corresponda. El problema comienza cuando confundimos un Estado fuerte con un Estado que decide cada vez más aspectos de la vida cotidiana de las escuelas.
Si los actores de la sociedad civil no pueden o no quieren hacerse cargo de este escenario, el Estado debe hacerse responsable. Y todas las carteras tienen una labor en la verdadera búsqueda de la inclusión y diversidad.