Chile acaba de obtener en PISA 2025 su peor resultado histórico en Matemática, donde un 59% de estudiantes no alcanza el nivel básico. En Lectura, la situación tampoco es alentadora, con 4 de cada 10 niños que no alcanza un nivel básico y sólo el 2% en desempeño alto. Este oscuro escenario no se generó a partir de la nada, y hoy muchos responsables son los mismos que salen a marcar cátedra del camino a seguir.
En 2007 la ex presidenta Michelle Bachelet envió al Congreso la ley que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (SAC), como respuesta a las demandas de los pingüinos que exigían mayor calidad. Finalmente, en 2011, se empezó a regir la Ley 20.529 que creó la Agencia de Calidad y la Superintendencia de Educación, junto con nuevas atribuciones para el Ministerio. Aquí hubo un acuerdo transversal.
No es casualidad que el nuevo superintendente de educación, en una presentación sobre burocracia educacional el mes pasado, haya declarado sentirse orgulloso de ser “hijo del SAC”, criticando, al mismo tiempo, que este ha sido mal utilizado —¿Por quién? si ellos mismos lo implementaron y profundizaron— De esta manera, cabe cuestionarse si estamos realmente frente a un problema de mala usabilidad accidental o de origen de diseño.
Lo que se construyó fue un Estado mucho más “robusto”. Tenemos más instituciones, más información, más evaluaciones, más facultades de fiscalización y muchas más reglas que hace quince años (el doble, para ser más precisos). Junto con todo ello, se fijó progresivamente un aumento en el gasto permanente en educación escolar; y, sin embargo, nuestros resultados de aprendizaje han seguido una trayectoria inversa.
Si bien es cierto que esta constatación no permite afirmar que la Ley SAC haya causado el deterioro de los aprendizajes, permite formular preguntas aún más incómodas: ¿No será que construimos un sistema para asegurar malos resultados? ¿Hemos confundido asegurar la calidad con controlar la calidad?
En Chile, una escuela puede cumplir todas las normas que el Estado quiera sin mejorar lo más mínimo sus aprendizajes. De igual manera, puede completar planes por doquier, implementar cientos de protocolos, responder prolijamente una fiscalización, producir evidencia hasta de la reunión más insignificante y llenar todos los registros ministeriales, todo esto sin que un estudiante comprenda mejor una fracción, lea mejor un texto o pueda resolver un desafío de aprendizaje complejo.
Quizás aquí está uno de los grandes problemas de nuestro sistema, y que todavía nos cuesta reconocer: cada dificultad educativa parece generar una nueva obligación, un nuevo procedimiento, un nuevo instrumento para generar datos o una nueva instancia de supervisión —o “acompañamiento”, como eufemísticamente se ha tratado de renombrar—. El supuesto implícito parece ser que, si conseguimos que las escuelas hagan correctamente lo que el sistema prescribe, la calidad aparecerá como una consecuencia lógica.
Pero esto es un tremendo error, tanto el mundo político cómo técnico han persistido con profia. La calidad que es evaluada desde afuera, fundamentalmente se produce desde adentro: en la sala de clases, en la relación y vínculo entre profesores y estudiantes, en el liderazgo pedagógico, en las decisiones cotidianas que libremente subscribe cada comunidad escolar.
Esto no significa tirar todo a la basura. El Estado debe garantizar derechos, establecer mínimos, corregir desigualdades, evaluar resultados y fiscalizar cuando corresponda. El problema comienza cuando confundimos un Estado fuerte con un Estado que decide cada vez más aspectos de la vida cotidiana de las escuelas. Por lo tanto, la autonomía escolar no debería entenderse como un privilegio de los establecimientos, sino como una condición necesaria para que profesionales puedan adaptar sus decisiones a problemas que ninguna regulación central puede anticipar completamente y que, por el contrario, muchas veces termina estorbando.
Si me permiten dos recomendaciones, partiría por congelar cualquier obligación nueva hasta que no esté auditado el cómo vamos a dar más espacios de libertad a los establecimientos educativos, cuidando los derechos mencionados. Mientras, pensaría como base en una máxima —estilo “test de Kant”— donde no se pueda ingresar ninguna nueva obligación que no cumpla este estándar.
En fin, PISA 2025 no demuestra que el Sistema de Aseguramiento de la Calidad haya fracasado, esto es cierto. Pero sí nos obliga a revisar su promesa ya. No mañana, no para el próximo año. De lo contrario, el Estado podría convertirse, finalmente, en un asegurador del empeoramiento de la calidad.
