La promesa de la inclusión y la diversidad a nivel escolar está en serio riesgo. Los recientes datos del MINEDUC muestran un nuevo récord de estudiantes con necesidades educativas especiales en los establecimientos que reciben alguna subvención del Estado, con un aumento del 100% en una década de quienes tienen diagnósticos permanentes.
¿Por qué esto representa una complejidad a tomar en serio? Se habla de “sobrediagnósticos”, exceso de pantallas, parentalidad ausente. Lo cierto es que las necesidades educativas son cada vez más demandantes y exigentes de manejar, llegando a un punto crítico, a saber, desregulaciones emocionales y/o conductuales a diario; agresiones involuntarias a profesores o compañero, pero suficientemente graves para que se requiera acompañamiento permanente; imposibilidad de comunicarse más que con el llanto o la interrupción constante, incluso en los estudiantes mayores; hipersensibilidad auditiva o saturación visual que generan descompensaciones recurrentes; y un largo etc.
De esta manera, un desolador escenario se hace cada vez más extensivo: cursos en los que apenas se puede hacer clases de tanta interrupción; aulas paralelas dentro de una misma sala; docentes estresados y que no dan abasto con tanto trabajo de adecuaciones y formularios a llenar por cada alumno con necesidades educativas especiales; niños aislados por sus compañeros, ya sea por miedo o incomprensión; alumnos que sufren tratando de sortear las barreras que exige un aula regular, negándose a entrar a clases; asistentes de la educación y directivos que sienten un agobio insoportable al no poder mantener un sano clima de escolar; finalmente, padres disconformes –algunos incluso hablan de “estafa”– de políticas buenistas, pero con poco aterrizaje real y que terminan colapsando.
Para empeorar el asunto, ninguno de los intervinientes en la esfera pública pareciera manifestar voluntad para ser parte de la solución, sino sólo se conforman con entregar dictámenes acusatorios. Las agrupaciones que representan a los sostenedores imputan a los médicos de estar sobrediagnosticado, generando profecías autocumplidas. Los médicos, acusan a los colegios de ser poco flexibles al no implementar sus no siempre acertadas recomendaciones. Por su parte, el Colegio de Profesores, con su habitual ocurrencia, culpa al Ministerio de Educación por la falta de recursos económicos para contratar más personal; y no olvidemos a los académicos, muchos de ellos señalando la falta de formación de las docentes de educación inicial y básica como el foco del asunto.
Como vemos, ni siquiera hay ánimos de profundizar en por qué si tenemos tanto más recursos que antes estos no alcanzan para administrar razonablemente este escenario. Una de las hipótesis simple, pero altamente validada, es la siguiente: muchas necesidades educativas son condiciones del neurodesarrollo, por lo tanto su evolución depende en gran medida de la frecuencia, calidad y diversidad de las interacciones sociales tempranas o, en simple, jugar con otros, tener distintos grupos de amigos, salir a la calle a gastar el tiempo, negociar con el hermano quién entra a la ducha primero, participar en cumpleaños y celebraciones de los primos, salir a un parque sin ansiedad que algo trágico puede ocurrir, etc. Pues bien, todo esto escasea producto de la baja natalidad y la situación país en general, con un panorama que sólo se ha visto empeorar los últimos años.
De aquí que el abordaje de este colapso no dependa exclusivamente del MINEDUC, sino que representa un desafío gubernamental intersectorial urgente. El éxito de la inclusión está amarrado a variables estructurales que hoy tocan directamente a otras carteras: el Ministerio de Desarrollo Social tiene el desafío de contrarrestar el impacto de la baja natalidad en la socialización temprana; el Ministerio de Seguridad Pública debe devolver los espacios públicos para que la infancia recupere el juego y la exploración sin miedo; y el Ministerio de Hacienda tiene la obligación de reactivar la economía para robustecer el presupuesto familiar e institucional. Sin el compromiso y la acción concreta de estos ministerios, la política educativa seguirá flotando en el vacío.
En cambio, del MINEDUC, liderado por la ministra Arzola y el subsecretario Rodríguez, esperamos noticias de algo mucho más inmediato, esto es, desmantelar la asfixiante maraña administrativa con perspectiva preponderantemente clínica —y no educativa— que hoy resta eficiencia y eficacia al Programa de Integración Escolar (PIE), devolviéndole el sentido de realidad que los colegios exigen. Al mismo tiempo, la cartera debe corregir el rumbo en el Senado, dejando de utilizar la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales como una moneda de cambio ciega para lograr reformar el Sistema de Admisión Escolar.
En fin, si los actores de la sociedad civil no pueden o no quieren hacerse cargo de este escenario, el Estado debe hacerse responsable. Y todas las carteras tienen una labor en la verdadera búsqueda de la inclusión y diversidad.
