La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) dio a conocer que formuló cargos al Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional y a ocho empresas eléctricas por su responsabilidad en el apagón que afectó al 98,5% de la población del país el pasado 25 de febrero de 2025.
En la investigación del organismo se centró en dos focos: las condiciones que originaron el apagón y la propagación de la falla.
Con respecto al origen del masivo corte de luz, el Coordinador Eléctrico Nacional habría estado operando el sistema en condiciones inseguras, específicamente al mantener el corredor Nueva Maitencillo – Polpaico transmitiendo 1.800 MW, superando el límite de 1.600 MW definido como seguro por sus propios estudios.
“Esta operación expuso al Sistema Eléctrico Nacional a un riesgo elevado de inestabilidad ante contingencias, como la que finalmente ocurrió”, explicaron desde la SEC. Por lo anterior, se determinó formular cargos al Consejo Directivo del Coordinador, por infringir su deber de vigilancia sobre la operación del sistema.
Además, se formularon dos cargos a la empresa InterChile. El primero tiene que ver con no mantener sus instalaciones en buen estado y con condiciones adecuadas de seguridad, lo que habría contribuido al inicio del evento. Mientras que el segundo es por reactivar remotamente un equipo de comunicaciones, correspondiente al esquema de protecciones de la línea 2×500 kV Nueva Maitencillo – Nueva Pan de Azúcar, sin contar con la autorización ni el conocimiento del Coordinador Eléctrico Nacional.
Las empresas eléctricas acusadas por la propagación de la falla
Por otro lado, la investigación abordó la propagación de la falla y cómo se extendió para provocar el corte masivo de energía. En este marco, la SEC formuló cargos a diferentes empresas.
Una de ellas es la transmisora Transelec, por no contar con el Centro de Control Principal ni con el Centro de Control de Respaldo del sistema SCADA, lo que habría dificultado una adecuada supervisión y capacidad de respuesta frente a la emergencia.
La generadora Engie Energía enfrenta dos cargos: “Uno por no disponer de sistemas de supervisión y control de sus instalaciones, y otro porque sus instalaciones se habrían desconectado producto de la operación de protecciones de baja frecuencia”, detallan desde la entidad.
Por su parte, CGE Transmisión, Alfa Transmisora y AES Andes enfrentan cargos por “no contar con los sistemas de supervisión y control requeridos para sus instalaciones, lo que habría afectado su capacidad de respuesta ante la contingencia”.
Mientras que a la Generadora Metropolitana y Bioenergía Forestales le formularon cargos debido a que a que sus instalaciones se habrían desconectado como consecuencia de la operación de protecciones de baja frecuencia, las que se habrían activado, antes de lo permitido, desconectándose y contribuyendo así al colapso del sistema eléctrico.
“La SEC ha desarrollado una investigación exhaustiva y rigurosa. Hemos llegado a un convencimiento técnico y jurídico respecto de responsabilidades, tanto del Coordinador Eléctrico Nacional como de ocho empresas integrantes del sistema de transmisión y generación. La investigación avanza, pero todavía no ha terminado”, dijo la superintendenta de la SEC, Marta Cabezas.
En cuanto a las eventuales sanciones, las empresas arriesgan multas que pueden alcanzar hasta las 10 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), que equivalen a cerca de $8.200 millones. En el caso del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, cada consejero arriesga una multa de 30 UTA ($24 millones), que se deben cancelar desde su patrimonio personal, puesto que dichas multas se encuentran afectas a un régimen de sanciones distinto al de las empresas.
