Si bien el Gobierno había asegurado que no aceptaría el arriendo de colegios de manera permanente, finalmente presentó una indicación al proyecto que modifica la Ley de Inclusión para permitir que no sea obligatoria la compra de los establecimientos.
De esta forma, según detalla La Tercera, los sostenedores podrán arrendar de manera indefinida y a precio comercial en caso de que no quieran comprar los inmuebles donde funcionan los colegios, indicación que fue aprobada de manera unánime por la Comisión de Educación del Senado.
Esto permitiría que los colegios que aún no toman la decisión de sumarse a la nueva normativa, cuyo plazo vence el 31 de diciembre, puedan hacerlo en base a este cambio en caso de que sea aprobado por la Sala.
El pasado 29 de octubre, la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, explicó en la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto que hay 1.967 colegios no han iniciado las gestiones para su transformación. Sin embargo, aseguró que 1.212 dijeron que se van a adecuar a la normativa dentro del plazo. Por otro lado, solo 18 señalaron que no se van a adecuar a la nueva normativa.
Los establecimientos que no se adapten al nuevo sistema pierden el derecho a recibir la subvención a partir del 1 de enero de 2018. No obstante, en un proyecto de ley en trámite en el Congreso se establece que, en lugar de perder este derecho, se les retendrá hasta que se adecuen.
