Era una de las voceras de la Confepa -un organismo que agrupa a padres y apoderados contra la Reforma Educacional- y una de las principales opositora de la ley que terminó con la selección, el copago y el lucro en la educación escolar. Sin embargo, hoy aparece asesorando al Ministerio de Educación en cómo aplicar dicha normativa.
De acuerdo a Transparencia, Erika Muñoz Bravo, ex candidata a diputada por el distrito 6, en abril de 2018 aparecía como parte de la dotación a Honorarios del Mineduc como “experta”, con fecha de termino de sus labores el 31 de diciembre 2018. En sus funciones, se detalla que debe “asistir al ministro de Educación y al Subsecretario con la implementación de la Ley de Inclusión”, recibiendo una remuneración bruta de $1.222.222.
Muñoz ingresó al equipo de Sebastián Piñera durante la campaña de 2017. Paralelamente, mientras se discutía la Ley de Inclusión, afirmó que cientos de colegios cerrarían sus puertas y los alumnos quedarían a la deriva.
“Más de 4 mil colegios se van a cerrar o algunos se van a hacer particulares pagados.Dentro de estos colegios, lo que nosotros manejamos son muchas escuelas de lenguaje, las escuelas especiales o que tienen proyecto educativos diferentes”, afirmó Muñoz en la primera marcha contra la reforma y a favor del aporte económico de los padres en la educación de sus hijos.
Sin embargo, pese a sus reparos, la Ley de Inclusión fue promulgada por Michelle Bachelet y el actual Gobierno deberá implementarla, con Muñoz asesorando cómo se debe aplicar la normativa.
