Más allá de las profundas diferencias que planteó su discusión, la nueva ley de Educación Superior ya es una realidad. Fue planteada para mejorar la calidad y asegurar el acceso mediante la gratuidad. Para lograr esos objetivos, sin embargo, se requiere hoy de reformas urgentes en aquellos aspectos que muestran gran potencial negativo. El Gobierno está focalizado en diseñar los reglamentos que exige la nueva ley y, ante los recientes cambios y la falta de piso político para liderar la discusión, no ha planteado la necesidad de reformas clave en al menos dos ámbitos: los CFT estatales y la fijación de aranceles.
La ley creó 15 CFT estatales. Los que partieron no han superado el 60 por ciento de las vacantes proyectadas por carrera. Aun pendiente la inversión en infraestructura planificada, la mayor parte de ellos no ha logrará el tamaño crítico que le permita autofinanciarse al cabo de los cuatro años de operación que exige la ley para su continuidad.
Además, los CFT estatales son instituciones concebidas como independientes y que replican una estructura innecesaria, si se les compara con los que ya están instalados, que operan con una estructura centralizada y con varias sedes. Centralizar los 15 CFT no sólo los haría económicamente más viables, sino que generaría un proyecto educativo más coherente y sustentable. Una reforma también debiera favorecer la asociación con Institutos Profesionales de calidad existentes por sobre la que la ley considera hoy con universidades. Ese es el camino natural para proveer continuidad de estudios profesionales a los alumnos egresados de instituciones estatales técnicas. Sin ello, habrá menor interés por estudiar las carreras ahí ofrecidas.
En cuanto a la fijación de aranceles, la ley establece que una comisión experta debe proponer un valor según el costo de las carreras y que éste será zanjado por la Subsecretaría. Sin embargo, los recursos que ésta considerará para la fijación son limitados y no crecerán de no mediar un aumento en el presupuesto, lo que es poco probable. Dado que el crecimiento de las instituciones también está acotado por la ley, la única variable de ajuste que cierra la identidad que iguala los fondos con los recursos que se entregarán son los aranceles.
Consecuentemente, una vez que la comisión de aranceles determine los valores ajustados a costo, la cruda realidad hará que la Subsecretaría deba ajustarlos a la baja de modo de cumplir con el presupuesto, lo que tendrá efectos en el financiamiento de las instituciones. Pero más allá de las eventuales consecuencias sobre la calidad, desvirtuará el trabajo de la comisión, la Subsecretaría enfrente cuestionamientos y la institucionalidad pierda credibilidad.
Una reforma urgente debe modificar los límites al crecimiento desde el de las instituciones al del total de los alumnos beneficiarios. Debe hacerlo en base a la jerarquización de los estudiantes en base de un criterio objetivo y dar mayor flexibilidad al cobro para alumnos no beneficiarios de ayudas gubernamentales.
Negarse a una reforma urgente comprometerá el objetivo de acceso y calidad y la responsabilidad se diluirá, tal como ha ocurrido con el Transantiago y el CAE, donde el debate se centró en si los problemas fueron un asunto de diseño o de implementación.
