Los diputados Cristina Girardi (PPD), Camila Rojas (Comunes) y Gonzalo Winter (CS) presentaron un escrito ante la Contraloría para conocer los detalles del proceso de cierre de la Universidad La República, institución que deberá finalizar sus actividades luego que el Consejo Nacional de Educación (CNED) confirmara la revocación de su reconocimiento oficial.
Los legisladores de oposición buscarán que la entidad fiscalizadora determine si el proceso estuvo apegado a derecho o se infringieron las normativas que regulan el cierre de los planteles educativos.
Según los congresistas, las autoridades nombraron un administrador de cierre, informando el fin del proyecto educativo a pesar que la norma indica que primero debe nombrarse un administrador provisional, disponiéndose la máxima medida solo en caso de fracasar esa gestión. Aquello habría afectado directamente a los alumnos y trabajadores, quienes aún están en la incertidumbre por el futuro de la universidad.
“Sin perjuicio de las complicaciones financieras que atraviesa la universidad, consideramos que decretar la revocación oficial sin respetar los procesos establecidos pasa por alto arbitrariamente las leyes y la transparencia del proceso y más grave aún que se realice en plena pandemia. No entendemos por qué prefieren gastar grandes recursos financieros en cerrar universidades, en este caso reubicar a más 3.700 estudiantes y dejar sin fuente laboral a más de 700 funcionarios en crisis sanitaria”, señaló Constanza Pacheco, vocera nacional del plantel.
El diputado Winter explicó la presentación ante Contraloría y expresó que “sin perjuicio de la indudablemente grave situación económica que afecta a la Universidad La República, queremos determinar si era factible para la autoridad educacional proceder inmediatamente al cierre de la universidad, sin primero nombrar un administrador provisional”.
El cierre de la casa de estudios fue solicitado por la Superintendencia de Educación Superior, que apuntó a una grave crisis administrativa y financiera que afecta a la institución, la que impide su funcionamiento y la entrega del servicio educativo. El 6 de mayo pasado la CNED respaldó esta medida y decretó el fin del reconocimiento oficial.
